La institucionalidad democrática es la que tiene que actuar
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| Wanda Vázquez, Sria. Departamento de Justicia, Rosa Emilia Rodríguez, jefa de fiscales federales, (Cortesía; Juan R. Costa / NotiCel ©) |
Pues bien, Mayra. Antes de verme tentado a hacer el ejercicio fascinante de analizar el contenido de tus columnas del último cuatrienio (las más importantes por supuesto), y a pesar de que estoy seguro de que no lees a este pobre diablo que intenta seguirte desde que jovencita escribías en El Mundo, deseo llamar tu atención al hecho de que el asunto de tu artículo de hoy, particularmente ese gobernador a quien exhortas a que no renuncie, es un poco más complejo, al menos más que un sniffer de scoth.
El problema de fondo con todos sus componentes, los cuales trascienden
al sujeto que ocupa el cargo de gobernador, en este caso Ricardo Rosselló, y que echas a chacota, como si con ello promovieras su salida del cargo que ocupa y, de otra parte, un necesario detente a estas manifestaciones
sin un objetivo estratégico coherente, manipuladas y al alcance de ser manipuladas por
los manipuladores de siempre, es mucho, pero mucho más
serio.
El problema en su conjunto, y en lo que respecta al funcionario electo que se llama gobernador, refiere necesariamente a los mecanismos procesales y a la institucionalidad democrática.
Una sociedad democrática no puede operar efectivamente si se pretende que el ejercicio de la libre expresión se convierta en un ejercicio de sabotaje del gobierno constituido, aunque sea una inmunda colonia. Visto de otra manera, si el linchamiento político sustituye la expresión libre, y la conducción de procesos de investigación y evaluación judiciales y legislativos, dentro de un sistema de pesos y contrapesos, se lesionan pilares esenciales de la sociedad democrática.
Tenemos corruptos, tenemos ineptos, tenemos hostigadores sexuales, tenemos demagogos, también entes y personajes autoritarios, demagogos de nuevo, y tenemos agencias federales, fiscales con amplios poderes, una institución de gran jurado que se las trae, una Junta que, como dices correctamente, es quien gobierna a todos los efectos prácticos, y tenemos procedimientos legales y criminales bajo la estructura legal del territorio que funcionan, aunque no son infalibles y, además, el mecanismo del residenciamiento de gobernadores que está diseñado específicamente para enfrentar situaciones en las que el funcionario no está apto para ejercer sus funciones o ha incurrido en determinadas conductas que le inhabilitan como cuestión de Derecho para continuar en el cargo. [1]
Es necesario permitirle operar a esa institucionalidad jurídica en
estos momentos para que se fijen responsabilidades "más allá de duda
razonable". Lo contrario es pretender paralizar la isla en un círculo de manifestaciones que mezclan issues diversos, meritorios unos, sin fundamentos otros, populistas algunos concretamente, y la mayoría sin norte respecto a un discurso político democrático.
Mientras tanto, cada funcionario tiene la obligación de cumplir las funciones para las que fue electo, como cuestión, precisamente, de su responsabilidad legal, y aún cuando en determinado momento pierda el apoyo de un sector significativo de la ciudadanía, que no es lo mismo a ser privado, mucho menos relevado, del mandato impuesto por el electorado, asunto con el que, como sabes perfectamente, hay que tener sumo cuidado, habida cuenta de la historia en la región de golpes de estados, dictadores impuestos y proyectos populistas convertidos en ejercicios autoritarios. Como sabemos, los linchamientos políticos no producen a la larga soluciones participativas, sino, en todo caso, autoritarias. [2]
Todo esto, Mayra, más allá de las bromas y el sarcasmo bien articulado. Más allá de las movilizaciones motorizadas desde Cantera.
Estoy convencido de que me entiendes.
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Nota 1: No obstante ello, los funcionarios, como en todo sistema de ley y orden, tienen derecho a defenderse, y no ser objeto de un linchamiento político. El caso del gobernador por el Partido Popular Democrático, Anibal Acevedo Vilá (2004-2008), es un buen ejemplo, no sólo del derecho a la defensa proactiva por parte del funcionario, sino a la laxitud de los criterios democráticos por parte de los sectores populistas en sus ejercicios de movilización.
Según se puede revisar en Wikipedia, "[e]l 27 de marzo de 2008, Acevedo Vilá fue acusado por el Departamento de Justicia de EE.UU.por 19 cargos relacionados a alegadas irregularidades administrativas en el financiamiento de las campañas electorales. Como resultado, Acevedo Vilá ofreció una conferencia de prensa donde alegó su inocencia de todos los cargos presentados en su contra. El 19 de agosto de 2008, se le acusó de cinco cargos adicionales. El 1 de diciembre de 2008, el juez Paul Barbadoro desestimó 15 de esos cargos, dejando a Acevedo Vilá solo con nueve cargos. El 20 de marzo de 2009, Acevedo Vilá fue encontrado no culpable por un jurado de todos los cargos en su contra. Esto debido a que, para las acusaciones que había evidencia concretas, ya habían prescrito. Y para los otros casos la evidencia fue considerada circunstancial y/o no suficiente."
Desde luego, ya a esa fecha Acevedo Vilá había logrado imponer un impuesto sobre las ventas más alto, y "sin precedentes", gracias a la movilización de un liderato sindical que la historia se encargará de juzgar. Es decir, el populismo nacionalista estaba alineado con Avecedo Vilá y los arreglos pre-electorales con esos sectores, por lo que no levantaría, como no levantó, cuestionamiento alguno a su mandato.
Nota 2: Me imagino que debes estar cuestionando, acepto que con razón, cómo ello sería posible en un territorio sujeto a la soberanía del Congreso de los Estados Unidos. Yo también me lo cuestiono. Mi preocupación es que bajo la presidencia de Donald Trump, todo lo torcido es una posibilidad tan concreta como un botón rojo.
El problema en su conjunto, y en lo que respecta al funcionario electo que se llama gobernador, refiere necesariamente a los mecanismos procesales y a la institucionalidad democrática.
Una sociedad democrática no puede operar efectivamente si se pretende que el ejercicio de la libre expresión se convierta en un ejercicio de sabotaje del gobierno constituido, aunque sea una inmunda colonia. Visto de otra manera, si el linchamiento político sustituye la expresión libre, y la conducción de procesos de investigación y evaluación judiciales y legislativos, dentro de un sistema de pesos y contrapesos, se lesionan pilares esenciales de la sociedad democrática.
Tenemos corruptos, tenemos ineptos, tenemos hostigadores sexuales, tenemos demagogos, también entes y personajes autoritarios, demagogos de nuevo, y tenemos agencias federales, fiscales con amplios poderes, una institución de gran jurado que se las trae, una Junta que, como dices correctamente, es quien gobierna a todos los efectos prácticos, y tenemos procedimientos legales y criminales bajo la estructura legal del territorio que funcionan, aunque no son infalibles y, además, el mecanismo del residenciamiento de gobernadores que está diseñado específicamente para enfrentar situaciones en las que el funcionario no está apto para ejercer sus funciones o ha incurrido en determinadas conductas que le inhabilitan como cuestión de Derecho para continuar en el cargo. [1]
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| Sonia Sotomayor, juez asociada Tribunal Supremo de los Estados Unidos |
Mientras tanto, cada funcionario tiene la obligación de cumplir las funciones para las que fue electo, como cuestión, precisamente, de su responsabilidad legal, y aún cuando en determinado momento pierda el apoyo de un sector significativo de la ciudadanía, que no es lo mismo a ser privado, mucho menos relevado, del mandato impuesto por el electorado, asunto con el que, como sabes perfectamente, hay que tener sumo cuidado, habida cuenta de la historia en la región de golpes de estados, dictadores impuestos y proyectos populistas convertidos en ejercicios autoritarios. Como sabemos, los linchamientos políticos no producen a la larga soluciones participativas, sino, en todo caso, autoritarias. [2]
Todo esto, Mayra, más allá de las bromas y el sarcasmo bien articulado. Más allá de las movilizaciones motorizadas desde Cantera.
Estoy convencido de que me entiendes.
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Nota 1: No obstante ello, los funcionarios, como en todo sistema de ley y orden, tienen derecho a defenderse, y no ser objeto de un linchamiento político. El caso del gobernador por el Partido Popular Democrático, Anibal Acevedo Vilá (2004-2008), es un buen ejemplo, no sólo del derecho a la defensa proactiva por parte del funcionario, sino a la laxitud de los criterios democráticos por parte de los sectores populistas en sus ejercicios de movilización.
Según se puede revisar en Wikipedia, "[e]l 27 de marzo de 2008, Acevedo Vilá fue acusado por el Departamento de Justicia de EE.UU.por 19 cargos relacionados a alegadas irregularidades administrativas en el financiamiento de las campañas electorales. Como resultado, Acevedo Vilá ofreció una conferencia de prensa donde alegó su inocencia de todos los cargos presentados en su contra. El 19 de agosto de 2008, se le acusó de cinco cargos adicionales. El 1 de diciembre de 2008, el juez Paul Barbadoro desestimó 15 de esos cargos, dejando a Acevedo Vilá solo con nueve cargos. El 20 de marzo de 2009, Acevedo Vilá fue encontrado no culpable por un jurado de todos los cargos en su contra. Esto debido a que, para las acusaciones que había evidencia concretas, ya habían prescrito. Y para los otros casos la evidencia fue considerada circunstancial y/o no suficiente."
Desde luego, ya a esa fecha Acevedo Vilá había logrado imponer un impuesto sobre las ventas más alto, y "sin precedentes", gracias a la movilización de un liderato sindical que la historia se encargará de juzgar. Es decir, el populismo nacionalista estaba alineado con Avecedo Vilá y los arreglos pre-electorales con esos sectores, por lo que no levantaría, como no levantó, cuestionamiento alguno a su mandato.
Nota 2: Me imagino que debes estar cuestionando, acepto que con razón, cómo ello sería posible en un territorio sujeto a la soberanía del Congreso de los Estados Unidos. Yo también me lo cuestiono. Mi preocupación es que bajo la presidencia de Donald Trump, todo lo torcido es una posibilidad tan concreta como un botón rojo.
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