Violencia en Puerto Rico: tan clara como el agua

Para René es tan claro como el agua. Cuando en un país los delincuentes ya son capaces de acosar y dispararle a la policía, la cosa —afirmó con su acento de cubano oriental— ya no tiene remedio, la cosa se jodió mi hermano. “Por eso” —me dice— “me voy para Miami tan pronto tenga la primera oportunidad”.

René, este Zavalita atrapado en esta isla-jaula del Caribe, y cuyo nombre verdadero me reservo, afirma: "llegué de Cuba hace 18 años, y me quisiera quedar, pero no se puede, entre la factura de la luz y las otras necesidades, y encima esta intranquilidad y esta violencia…”

“Uno busca calidad de vida”, me dice, “vivir y trabajar tranquilo en lo que sea decentemente”. Y es que René tiene sus prioridades muy claras; tan claras como las tenía cuando salió de Cuba. No hay aspiraciones aquí de autos de lujo, mansiones con piscina, ni mayordomos, ni damas de servicio que lleven los perritos a cagar al parque. Por el contrario, bastaría vivir tranquilo, feliz, en un sistema democrático donde uno no sea perseguido o aislado por sus ideas.

Comentamos a manera de broma que Puerto Rico es una colonia, que cuenta formalmente con las libertades de la democracia liberal —lo cual no asegura que sean respetados consistentemente sus principios—, pretende ser capitalista, pero funciona como un sistema socialista donde se depende para todo del Estado y del gobierno, como ocurría en la Cuba que abandonó René, con la diferencia de que el financiamiento lo proveen los "yanquis".

Se parte de la premisa de que el gobierno tiene que resolverlo todo, incluyendo el ser proveedor directo de empleos —aunque éstos sean para mover papeles de un escritorio al otro— en lugar de promoverse la manufactura y la producción. En otras palabras, una economía estatizada.

En el caso particular de Puerto Rico, en una síntesis sumamente apretada, desde los años '80 no se atendió el sector primario de la economía, ni se planificó a largo plazo frente a los cambios que eran inminentes, lo que hizo que la economía fuera cada vez más dependiente del gobierno.

Esa desatención fue producto, en gran medida, de la dependencia en los fondos generados por las llamadas compañías 936 (1); de la estrategia dirigida a sostener a los sectores de la oligarquía colonialista que controlaban y controlan la industria bancaria y financiera; y de usar el gobierno como mecanismo para comprar votos, mediante el reclutamiento de empleados para puestos que en realidad eran innecesarios, lo que produjo, al cabo del tiempo, no sólo una economía dependiente del paquidérmico aparato gubernamental, sino que explotara una crisis de déficit presupuestario.

En el caso de Cuba, el fracaso del esquema de economía estatizada —con sus particularidades y profundas diferencias respecto a la economía de Puerto Rico—, quedó evidenciado por el despido progresivo de 1,300,000 empleados del gobierno. Por otro lado, ese esquema ha fracasado en aquellos países europeos que han pretendido sostener unos beneficios sociales, sin contar con un nivel de producción económica que genere los ingresos para costearlos.

Regreso a Puerto Rico siglo 21. Si a lo indicado por René se añade la información salida el 15 de febrero en El Nuevo Día digital, según la cual el 27% de la economía isleña se nutre del narcotráfico, y que conforme allí se indica —citando al abogado criminalista, Antonio Sagardía— los elementos que financian y se benefician en gran escala de toda esta operación residen en lugares como el Condado (un sector exclusivo en la zona turística de San Juan), y disfrutan de todos los privilegios que corresponden a sus altos ingresos, tenemos todos los elementos para el desastre perfecto.

Medidas tan sencillas —pero para muchos políticos tan inconvenientes— como la legalización y medicación de las drogas se han expuesto y repetido en cientos de ocasiones. Su consideración, estructuración y puesta en práctica es urgente, sin dudas.

Sin embargo, esta medida no es una panacea para la violencia que vive la sociedad puertorriqueña, sumida como está en el control de los espacios públicos no sólo por adictos, sino por pistoleros y traficantes de diversas escalas. Sencillamente, la legalización y medicación de las drogas conlleva unos procesos de por sí complejos, mucho más en un pesado y burocrático gobierno.

Por otro lado, reconozcámoslo. La sociedad puertorriqueña es violenta y esa cultura de la violencia se ha venido cuajando, particularmente desde los años 70, con la aquiescencia de sectores de la actividad cultural, la intelectualidad —con rarísimas excepciones—, y sobre todo, el izquierdismo y el nacionalismo, al defender y promover los íconos, así como la visión y actitud frente a la realidad, predominantes en los barrios marginales, sin asumir una actitud crítica, sin separar el grano de la paja. (Vea Puerto Rico: Violencia y Civilidad, del 20 de junio de 2010. Considere además el artículo de Gretchen Sierra-Zorita para The Christian Science Monitor titulado: As violent Puerto Rican drug trade seeps into mainland US, Washington must act.)

Con ello no limito la violencia de la sociedad puertorriqueña a la que emana del narcotráfico o los barrios marginales. Ya en una ocasión anterior señalé que el problema que plantea la violencia en la cultura puertorriqueña se manifiesta en diversos ámbitos, incluyendo la actividad político partidista. ("¡Gloria al Lumpen!: Puerto Rico demuestra su Civilidad".)

Puerto Rico precisa de enfrentarse con sus contradicciones y desenfoques. El primer reto es terminar el dilema de la relación colonial con los Estados Unidos, de modo que los recursos intelectuales y políticos sean dedicados a la atención de los problemas socioeconómicos de la Isla, y se tengan claras cuales serán las fuentes de financiamiento de los cambios estructurales que urgen sean realizados.

El segundo reto es reconocer que, no importa cual sea la solución que se le dé al problema colonial, la sociedad, la calidad de la convivencia colectiva, los servicios públicos (léase salud, educación, vivienda y transporte), así como, evidentemente, la economía isleña, están desbarrancados; y que su reconstrucción y reorientación podrían tomar una generación completa, es decir, unos veinte años.

En ese sentido, y como he señalado en tantísimas ocasiones anteriores, urge que todos los sectores —políticos, sociales, empresariales, comunitarios, sindicales, e intelectuales— abran las puertas a un diálogo realmente franco, realmente sincero, en el cual todas las partes estén dispuestas a ceder en sus estrechos intereses particulares para hallar avenidas de consensos.

Desafortunadamente, el lector sabe mejor que yo que las prácticas de colocar zancadillas inspiradas en las motivaciones políticas estrechas de cada cuatro años, o de tratar de lograr una victoria de “clase”, o de pretender demostrar que los discursos y las posturas conceptuales propias son las correctas, estarían rondando este esfuerzo, si es que se llevara a cabo. De mi parte solo puedo lanzar la idea.

De algo si estoy seguro. Mi amigo René no se sentará a esperar el desarrollo de los acontecimientos en la isla-jaula boricua. De hecho, hoy lo ví en el estacionamiento de un supermercado local en el Condado. Su pasaje a Fort Lauderdale es para dentro de un mes. Sin regreso, por supuesto.

Nota:

1. Las 936 es el nombre con el que se conocían las compañías norteamericanas —principalmente farmacéuticas— que se instalaban en Puerto Rico y disfrutaban de una serie de beneficios contributivos bajo la sección 936 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos.