lunes, 8 de septiembre de 2014

La "madre del cordero"

Jacqueline Kennedy y Luis Muñoz Marín, San Juan, Puerto Rico. 1961. Archivo El Nuevo Día.
Ser reconocido como ciudadano de un estado-nacional es uno de los atributos esenciales de pertenecer a una comunidad política en su sentido más amplio. Es decir, de pertenecer a la polis. Habida cuenta de ello, la discusión sobre las alternativas de descolonización de las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos pasa necesariamente por la dilucidación de este aspecto fundamental.

El asunto de la ciudadanía, específicamente la ciudadanía norteamericana por nacimiento que ostentan actualmente los puertorriqueños, es necesariamente  recurrente en la discusión del status debido a que constituye la madre del corderotal y como un buen amigo indicara con gran atino en una de muchas conversaciones que sostuviéramos durante los años ’90 con  líderes autonomistas hoy alegadamente soberanistas— del Partido Popular Democrático (PPD, partido actualmente a cargo del gobierno de la isla).  

Con la utilización de esta frase en aquellas conversaciones se significaba que, desde la perspectiva del presunto autonomismo, la solución del status colonial de Puerto Rico, que resulta del estado libre asociado o ELA, estaba indefectiblemente ligada a enfrentar la cuestión de la ciudadanía y, concretamente, a la posición que ante este asunto asumiera el liderato del PPD. 

Discusión vital por medular en cuanto al concepto del ejercicio de la soberanía, facultad a la que ya había renunciado el propio Rafael Hernández Colón en el año 1991, ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Congreso de los Estados Unidos, al tratar de defender la viabilidad jurídica del ELA Desarrolladoentelequia de su propia manufactura. 

Esta cuestión plantea en el fondo un trance en el que le va la vida al PPD, y a sus acólitos de retaguardia de toda la vida, puesto que implica definir —finalmente— su posición en cuanto al ejercicio de la soberanía. En cuanto a la ciudadanía y el ejercicio del poder soberano del Congreso sobre Puerto Rico, es preciso considerar las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, y el Derecho Constitucional norteamericano en general. Precisamente a ello dedica un enjundioso artículo el profesor de Derecho, Andrés L. Córdova, que fue publicado el pasado 5 de septiembre en el periódico El Vocero bajo el título de Ciudadanía y Soberanía

Por mi parte, deseo plantear algunas reflexiones adicionales desde un punto de vista un tanto más magro que aquellas importantes consideraciones jurídicas pertinentes a la discusión de este asunto.

El entorno jurídico-político de la discusión sobre ciudadanía y soberanía no impide percatarnos de que cada vez, y en mayor medida, en un mundo global y en un siglo 21 pleno de avances científico-técnicos y de contradicciones, el ser ciudadano de un Estado adquiere nuevos significados y retos que no se definen a base de consideraciones étnico-nacionales, sino por la aceptación y defensa de un conjunto de principios democráticos esenciales.

Con esto me refiero al hecho de que el origen nacional (ser nacido en determinado territorio y provenir de determinada etnia) va cediendo aceleradamente como criterio para determinar a quién se acepta como ciudadano de un Estado. Ahí yace la respuesta a aquellos que cuestionan el que los Estados Unidos pueda ser un estado multinacional.

Lentamente, y no sin conflictos y contradicciones, Estados Unidos es cada vez más diverso en la composición de su ciudadanía. La discusión sobre la posibilidad de un estado hispano es académica debido al peso fundamental que la alta población de ese origen étnico tiene en todos los Estados Unidos y, particularmente, en al menos siete estados. Siete estados donde el Congreso ejerce sus poderes soberanos. (Véase: En Boston se habla español (Comentario sobre artículo de Jorge Duany en El Nuevo Día),  La Nominación de Sotomayor al Tribunal Supremo: Los Mensajes del Presidente Obama“Revisiting” La Nominación de Sotomayor por Obama: El Nuevo “Ser Ciudadano" y  La crisis final del ELA)

Pero evítense cómodas confusiones. Este fenómeno no equivale a que un estado independiente pueda reclamar para sus ciudadanos, no sólo la ciudadanía de otro estado, sino los beneficios que ésta conlleva, sin estos verse obligados a obedecer sus leyes y sus instituciones, es decir, a aceptar la soberanía ejercida desde el exterior. (Véase el artículo Ciudadanía y Soberanía del profesor Córdova ya citado.)

Aquél discurso del pilar de la ciudadanía común —es decir, la americana, que para los ciudadanos continentales es una sola, ya que no hay tal cosa como una ciudadanía americo-boricua— se viró contra los autonomistas para afirmar la única ciudadanía existente, y posible jurídicamente, bajo el estado libre asociado. 

Mientras los vocingleros de lo mejor de dos mundos sostenían la existencia de una inexistente ciudadanía común o, peor aún, una ciudadanía norteamericana sin necesidad de asumir la totalidad de las responsabilidades y derechos que ésta conlleva, los puertorriqueños la asumieron como lo que efectivamente era y es: un instrumento de integración e identificación con los Estados Unidos, producto de la realidad concreta del acceso a mercados de empleo, bienes, servicios, educación, asistencia social, seguridad, financiamiento del gobierno isleño en sus diferentes niveles, así como de proyectos filantrópicos de corporaciones sin fines de lucro, para no seguir enumerando. (Puede examinarse sobre este tema la sección titulada Crisis final del ELA: a descolonizar y reconstruir, de mi artículo La crisis final del ELA .)

La experiencia ciudadana en el ejercicio de su ciudadanía norteamericana, sobre todo en el caso de aquellos que se han trasladado a diferentes estados federados, contradice, por sus números y experiencias, la narrativa que pretende construir una imagen absoluta y trágica de inmigrantes víctimas de las decisiones tomadas por el imperio, del racismo, y de la exclusión que los defensores del colonialismo en la isla, y aquellos radicados en los propios Estados Unidos, tratan de divulgar en foros académicos, y en otros de cuestionable peso intelectual en las redes sociales.

No se trata de negar las contradicciones internas de la sociedad norteamericana, ni problemas concretos como el del racismo por parte, precisamente, de los sectores que favorecen el mantenimiento del presente régimen colonial en Puerto Rico. Sin embargo, los analistas del colonialismo obvian el desarrollo de la diversidad ciudadana en los Estados Unidos, particularmente a partir del inicio del nuevo siglo.

Desde otro ángulo, la realidad económica de Puerto Rico demuestra que el colapso del modelo colonial fue producto, sobre todo, de las decisiones de la oligarquía criolla al mando claramente del estado colonial, particularmente desde los años ’80 del siglo pasado. (Vea mi artículo La crisis final del ELA.)

Lo complejo, lo carente de investigaciones, es sencillo si se observa la realidad migratoria de los puertorriqueños hacia el continente, y los derechos y seguridades que les son reconocidos a éstos una vez se encuentran en territorio federado, es decir, en la estadidad. Todo lo demás queda en vueltos retóricos para montar el discurso de la demagogia sin norte ni propuestas del melonismo tardío.

Por otro lado, la realidad del Puerto Rico presente, como producto de su condición territorial, y de convivir en esta isla unos tres millones de ciudadanos norteamericanos, es la de un Estado federado trunco. El carácter colonial de esa relación bajo el estado libre asociado es precisamente la razón por la cual, para queja del más despechado estadolibrismo, los Estados Unidos pueden disponer del territorio unilateralmente.

Paradójicamente, sin embargo, el territorio no incorporado —contrario a las colonias europeas en el siglo 20 en Africa— ha logrado disfrutar, al menos parcialmente, de los beneficios de un estado federadocon el mínimo de derechos políticos de participación en el gobierno, y de responsabilidades para con el fisco federal. Visto de otra manera, no disfruta de todos los beneficios que conllevaría asumir los derechos, y las responsabilidades políticas y fiscales, de una relación como Estado federado

Es cierto. Una relación de Estado federado implicaría nuevas responsabilidades. Estas, sobre todo, de carácter fiscal, y dirigidas principalmente a los señoriales descendientes de los hacendados de los siglos que quedaron en el pasado con la Carta Autonómica y sus hispanófilos delirios. Por ello, precisamente, implicaría una ampliación de los beneficios a la ciudadanía y los elementos de seguridad y estabilidad que la atracción de capital requiere para poder generar un nuevo modelo económico.

La responsabilidad política es parte del espíritu y el cuerpo democrático, hecho que no debería seguir siendo evadido por el rancio sector colonialista de la clase política criolla. Se trata de una condición inherente a toda relación política, a toda agrupación de ciudadanos en la polis. (Sobre este asunto considere La crisis final del ELA .)

En el contexto de todo lo anterior, no es de extrañar el silencio con vocación de complicidad del sector de la libre asociación el cual no tiene maneras concretas, que no sean la repetición de las glosas basadas en el autonomismo, tan pasado de fecha como inocuo, para sostener el argumento de una independencia con ciudadanía americana, es decir una independencia federada. (Al respecto véase el artículo Ciudadanía y Soberanía del profesor Córdova.)

Debo señalar que aburre y aterra, a un mismo tiempo, el cónclave de pasteleros convocados para concebir un pastel le style Luis Muñoz Marínexactamente 62 años después de la fundación del ELA, con la diferencia de que el modelo estadolibrista de beneficios sin responsabilidades, de jaibería glorificada, de paternales caudillos, de clientelismo all the way, sufre su crisis final y definitoria, y precisa ser enterrado

Frente a esta realidad, ni Rafael Hernández Colón, ni Miguel Hernández Agosto, ni Aníbal Acevedo Vilá, ni Héctor Luis Acevedo, pueden inventar un nuevo pastel que no sea el de los juegos de palabras y la demagogia.  No es de extrañar, tampoco, que este movimiento pastelero tuviera el propósito de buscar tiempo y espacio para acercarse a Washington y a la administración Obama y argumentar que: 1) nosotros podemos sacar a Puerto Rico de la crisis, pero; 2) necesitamos nuevas exenciones contributivas, y; 3) a ustedes no les conviene convertir a Puerto Rico en estado, porque éste no va a aportar nada a la economía de los Estados Unidos y los países de la región se van a "molestar".

Argumentos débiles que, a la luz del expediente reciente, no moverán un ápice la dirección del plan adoptado por la administración Obama ni sus conclusiones sobre la condición colonial de Puerto Rico. 

En ese sentido, resultan de interés el contenido y el subtexto que plantean los hechos reseñados en la información aparecida en NotiCel titulada FBI tendrá cuarteles nuevos de $85 millones en Hato ReyInformación ésta que me recuerda que en algún momento, particularmente bajo las fallidas y desorientadas administraciones del PPD lideradas por Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, del 2001 al 2008, circulaba entre sectores de la intelligentsia del país la convicción, o wishful thinking en muchos casos, de que los americanos estaban "empacando para irse”

Cuando menos, parece que la gran rueda comenzó a girar en dirección contraria a tal premonición hace mucho tiempo. Aunque, como todo en política, solo el tiempo dirá, confío en que el proceso histórico se encamine hacia el futuro, y no hacia las cavernas retardatorias del provincianismo cultural y político, y el obtuso nacionalismo. 

2 comentarios :

Anónimo dijo...

Excelente

Anónimo dijo...

Muy bueno.