Puerto Rico: La crisis final del “ELA”

There are moments in Life when keeping silent becomes a fault,

and speaking an obligation. A civic duty, a moral challenge,

 a categorical imperative from which we cannot escape.

Oriana Fallaci

(The Rage and The Pride, 2001)

Analizar la situación de Puerto Rico a mediados de enero del año 2014, es una tarea riesgosa en vista de la velocidad con la que se están produciendo los eventos relacionados con la isla tanto en su interior, como en los centros estadounidenses de poder político y económico, los cuales mucho tienen que decir sobre su futuro. 

Aunque sus consecuencias más serias están por verse, considero plausible la hipótesis de que la presente no es sólo una crisis económica, sino una crisis general y definitoria del modelo colonial [1] de relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico, el cual, al constituirse en 1952, fue bautizado con el demagógico nombre de estado libre asociado (ELA).

Es cierto que la presente crisis le plantea a los puertorriqueños una situación desesperante y confusa. De producirse excesos, por un lado, en el ejercicio del poder y las responsabilidades gubernamentales, o extremismos en los reclamos de los derechos ciudadanos, por el otro, no habrán ganadores ni perdedores, sino una sociedad derrotada en sus últimos remanentes de civilidad; es decir, de aquella convivencia social y política que se basa en los principios, las obligaciones y las libertades democráticas. 

Resulta imposible, sin embargo, anticipar específicamente —si se va opinar de manera responsable y sin pecar de sensacionalista— cuáles o cuán complejas serán las situaciones que se plantearán en el escenario político del año 2014 como producto de la crisis general colonial.

Por mi parte, a esta fecha, prefiero apostar —no sin preocupación— por el que prevalezcan los remanentes de la civilidad (a pesar de su propio proceso de descomposición, como expondré más adelante) tanto en el plano de las decisiones a ser tomadas por los funcionarios y burócratas del gobierno, como por los líderes gremiales y políticos, confiando en la fortaleza de un mayoritario —aunque silente y muchas veces silenciado— sector democrático de la ciudadanía, es decir, la verdadera y callada sociedad civil.

En este ensayo pretendo colocar en perspectiva las características de esta crisis y aquellos factores que considero de mayor importancia. Indico mis razones para señalar que esta crisis no sólo es general, sino de carácter determinante y final para el estado libre asociado como fórmula política de relaciones de los ciudadanos americanos de Puerto Rico con la metrópolis, como base jurídico-legal e instrumento de desarrollo económico, como marco inicial de referencia de la cultura en general, y la cultura política en particular, y como fundamento de las relaciones cívico democráticas y comunitarias en la isla.

Al respecto, sostengo que la superación de la presente crisis requiere terminar ese esquema político y dar paso a la solución de la condición colonial de la isla. En otras palabras, atender definitivamente el llamado asunto del status. Ante este dilema histórico, responsable en gran medida de la inefectiva atención de los graves problemas sociales, culturales y económicos de Puerto Rico, y del desperdicio de la energía creativa del liderato de una sociedad dividida en tribus —que es lo que es, y no es nada de lo que podría ser—, mientras el nudo de las graves carencias democráticas cierra las vías de su desarrollo, se presentan solo dos alternativas reales.

Por un lado, la estadidad o federación, lo cual consiste en la plena integración política y jurídica de la isla como estado de los Estados Unidos. A este punto, y antes de continuar, debo señalar que el término federación es más preciso al identificar el ideario y las aspiraciones históricas de lo que conocemos como movimiento estadista y con las características jurídicas de la integración efectiva a la confederación estadounidense. Desde luego, con ello no pretendo invalidar o restarle peso a un término que ha permitido describir esta justa aspiración a través de los años.

Por otro lado, la independencia, es decir, la organización y constitución de los puertorriqueños en una república soberana, con todos los poderes y obligaciones para con la ciudadanía que tal condición conlleva.

Hago la advertencia de que, precisamente, por la rapidez con que se están suscitando los eventos en Puerto Rico, un análisis completo de la situación puertorriqueña, entrada ya la segunda década del siglo 21, requiere probablemente un trabajo más amplio que el contenido en este escrito.

La crisis económica “boricua”

La crisis económica de Puerto Rico, la cual compone la médula de su crisis general, es producto esencialmente, aunque no únicamente, del carácter colonial del estado libre asociado, lo cual le impide a los puertorriqueños tener igualdad de beneficios, e iguales responsabilidades, con el resto de los ciudadanos americanos en los estados de Estados Unidos, entre otras limitaciones, o constituirse en una república independiente asumiendo todas sus obligaciones y prerrogativas. [2]

Ante esta realidad indubitable el Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Status (a la página 36 de su versión en español) señala: “la manera más eficaz de contribuir a la economía de Puerto Rico depende de resolver la cuestión del status”. Concretamente el informe indica:

Al mismo tiempo, el Grupo de Trabajo reconoce que la cuestión del status y la economía están estrechamente vinculadas. Muchos participantes en los foros realizados por el Grupo de Trabajo plantearon que la incertidumbre sobre el status está frenando a Puerto Rico en materia económica. Y aunque hay una serie de medidas económicas que se deben tomar de inmediato o a corto plazo, independientemente del desenlace final del asunto del status, la identificación de la manera más eficaz de contribuir a la economía de Puerto Rico depende de la resolución de la fundamental cuestión del estatus.

Al considerar el trasfondo histórico de esta crisis puede observarse que a partir de los años ‘70 la economía de Puerto Rico fue tornándose, cada vez más, en una estatizada y paternalista, conforme a la cual el gobierno se fue convirtiendo en el mayor patrono de la isla y el mayor generador de actividad económica, lo que fue gestando un aumento de la deuda pública para los pagos de nómina y refinanciamiento de deudas, particularmente en las administraciones de Sila Calderón y de Aníbal Acevedo Vilá por el Partido Popular Democrático (PPD), partido político que promueve el actual status colonial, durante el período del año 2000 al 2008.

Con estas consideraciones en mente, y en una apretada síntesis, desde el 26 de julio de 2010 indiqué en esta misma publicación:

Esos vientos tormentosos apuntan, entre otros elementos: 1) a la política económica y a la manera en que fueron utilizados por las administraciones de Rafael Hernández Colón de 1984 a 1992, los fondos generados en Puerto Rico por las empresas acogidas a la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal; 2) a los efectos de la política de emisión de deuda para, desde el punto de vista keynesiano —con el cual tanto simpatiza la izquierda—, asumir el riesgo de estimular la economía mediante el desarrollo de obras de infraestructura durante la década del '90, ello bajo la administración del Dr. Pedro Rosselló, y; 3) a la inacción total de las administraciones de Sila Calderón y de Aníbal Acevedo Vilá, limitadas a mantener el gobierno “gigantista” como fuente de empleo, lo cual provocó el déficit gubernamental sin precedentes, identificado a fines del año 2008 y principios del 2009.

Es interesante el hecho de que si se analizan los años de administración de Pedro Rosselló González de 1993 a 2000, y se comparan con los correspondientes al período de administración de Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, del 2001 al 2008, se puede comprobar que durante estos últimas dos administraciones la deuda gubernamental aumentó en términos absolutos a niveles sin precedentes.

Durante esos dos cuatrienios la deuda gubernamental fue aumentada por las administraciones Calderón y Acevedo Vilá, desde los 24,189 millones de dólares generados por la administración Rosselló, por una suma adicional de 29,204 millones, para una deuda total que se calcula por los economistas entre 53,393 y 55,928 millones de dólares, un cambio porcentual aproximado de 52 por ciento. Esta deuda representaba un inadmisible 89.2% del Producto Nacional Bruto.[3]

La deuda alcanzó unos niveles exorbitantemente altos en relación al ingreso generado por la economía de la isla.[4] Es evidente que los ocho años del PPD en el gobierno, y particularmente la administración de Aníbal Acevedo Vilá, fueron desastrosos en cuanto al endeudamiento del gobierno durante el siglo 21, y un componente fundamental de la presente crisis económica. 

A ello se añade el hecho de que fue a partir del año 2001 cuando las agencias evaluadoras del crédito comenzaron a emitir calificaciones y perspectivas negativas, así como advertencias de vigilancia sobre la capacidad crediticia del gobierno de la isla. En el caso de Standard & Poor's, a partir de octubre de 2001, y en el caso de Moody's, a partir de septiembre de 2004.[4-A]

Archivo

Cuando se observa el período de 2001 a 2008, puede afirmarse que la administración del abogado y político de carrera, Aníbal Acevedo Vilá, durante los específicos años del 2005 al 2008 fue la responsable del turning point de la economía de Puerto Rico. 

Acevedo Vilá le dio jaque mate a la economía colonial al insistir en mantener un alto presupuesto gubernamental de carácter deficitario e imponer un impuesto al consumo de un porciento mucho más alto al que fue recomendado incluso por aquellos sectores que apoyaban la medida. El entonces gobernador llegó al extremo de producir un cierre del gobierno en el año 2006, cuyos efectos en la débil economía colonial fueron nefastos.    

Sin duda, este período de administración permitiría parafrasear y contestar la pregunta que se hizo célebre por voz de Zavalita —aquél personaje de Mario Vargas Llosa— desde La Catedral: “¿En qué momento se jodió Puerto Rico?”[5] 

He indicado anteriormente que al asumir la gobernación en enero del 2009 Luis Fortuño[6] tenía un campo de acción extremadamente limitado, y un espacio político sumamente estrecho para poder maniobrar frente a la crisis del gobierno y de la economía, como producto de las desacertadas administraciones de Calderón y Acevedo Vilá.

Después de todo, añado hoy, se enfrentaba a la situación de un gobierno con una deuda pública acumulada 55,928 millones de dólares y un déficit gubernamental de 3,300 millones (correspondiente al exceso de gastos sobre recaudos en el año fiscal 2008-09) [7]; es decir, un gobierno virtualmente en quiebra, al punto de que no contaba con la liquidez para pagar la primera nómina a su cargo, correspondiente a los empleados públicos para el período de enero de 2009, todo ello legado por Acevedo Vilá [8] a su administración y al “país”.[9]

Desde el punto de vista del bienestar de los trabajadores, la crisis de hoy confirma que la estrategia de rechazo absoluto, adoptada por los líderes sindicales frente a las propuestas de la administración Fortuño orientadas a generar un proceso de concertación social, y evitar despidos mediante la reducción de salarios o jornadas a los empleados públicos, no sólo fue mezquina, sino equivocada.

Vista otra perspectiva, aunque la debacle económica de Puerto Rico no ha sido —como piensan algunas personas— el resultado concreto y exclusivo de un robo por un grupo de corruptos con poder económico, o con conexiones directas con la oligarquía mediático-financiera[10], este es uno de muchos factores que deben considerarse al analizar esta crisis. Ello está relacionado en buena medida con las políticas de endeudamiento de las diferentes administraciones de gobierno.

Estas políticas produjeron complejas emisiones de deuda (bonos), por iniciativa del gobierno o de la aceptación por éste de propuestas de ciertas firmas de corretaje —cuyos ejecutivos generalmente tenían y tienen lazos estrechos con la burocracia— lo que terminaba beneficiando a las propias firmas, sus altos directivos locales, y las divisiones de valores de determinados bancos, que se encargaban de organizar, distribuir y vender las deudas (bonos) emitidas. Peor aún, algunos planes de retiro eran administrados por varias de estas firmas de corretaje, las cuales invertían sus fondos en los bonos del ELA, los cuales realmente carecían del respaldo de una economía con los fundamentos que justificaran su adquisición. Al así hacerlo, además incurrieron en diferentes violaciones a las leyes de valores federales y locales.

Como producto de las medidas tomadas por el gobernador Fortuño durante su administración (2009-2012) el crédito del país no fue degradado, a pesar de que no se encontraba en buenas condiciones, pudiendo ser estabilizadas las finanzas del gobierno al menos parcialmente, debido al reconocimiento por las agencias calificadoras de la disciplina fiscal ejercida por su administración.[11]

Sobre las medidas de la administración Fortuño, el profesor Elías R. Gutiérrez ha indicado en su página en la red:

La administración Fortuño logró evitar la degradación de las obligaciones del gobierno central a niveles especulativos. Lo hizo incurriendo en un coste político inmenso. Su éxito fue parcial, ya que no lo logró con relación a varias corporaciones públicas para las que el mercado de capital está cerrado y ya dependen del BGF para financiar sus operaciones. De hecho, hoy el BGF actúa como síndico de varias corporaciones públicas. Esa realidad ha trasladado al BGF los efectos de la insolvencia de la Autoridad de Carreteras y Transportación, poniendo en riesgo la del propio banco. [Énfasis suplido.]

Desde otro ángulo de análisis, Ricardo Cortés, en reportaje para El Nuevo Día del 29 de diciembre de 2013, titulado Una deuda pública difícil de manejar, informó que se ha reconocido que el otorgamiento por la administración Fortuño de un contrato de administración del aeropuerto con una entidad privada —acción que ha pretendido adjudicarse el gobernador García Padilla— fue una medida acertada por estar encaminada a lograr una mayor liquidez en el Banco Gubernamental de Fomento. De igual modo, e incluyendo declaraciones del economista José Joaquín Villamil, Cortés informa:

La administración del ahora exgobernador Luis Fortuño, con la Ley 7 de Emergencia Fiscal, bajó gran parte de la nómina gubernamental y recortó el presupuesto de una gran cantidad de agencias. De hecho, Carlos Rivas, jefe de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, ha calculado los fondos discrecionales del gobernador, que no estaban comprometidos por leyes, en unos $200 millones.“Contrario a lo que mucha gente piensa, los gastos y el empleo en el gobierno se han reducido significativamente. El problema cara al futuro es asegurar que el aumento en la deuda no sea mayor que el crecimiento en el Producto Nacional Bruto (PNB). En los pasados 13 años ha sido casi el doble”, dijo Villamil. (Énfasis suplido.)

Una deuda que representa el doble de lo producido es una deuda inadmisible, y evidencia de que algo funciona mal, muy mal en el sistema económico.

Estos eran los hechos de los que tenía o debía tener conocimiento Alejandro García Padilla al momento de asumir la gobernación, y a los cuales debió haberse enfrentado dándole continuidad a las políticas de prudencia fiscal y búsqueda de estímulos a la economía iniciadas por el anterior gobernador Luis Fortuño. Sin embargo, García Padilla decidió hacer todo lo contrario.

Una vez en esa posición, el señor García Padilla rechazó la política fiscal de la administración Fortuño, y tanto antes como después de su primer mensaje a la legislatura, hizo todo tipo de declaraciones delirantes e imprudentes.

El gobernador hizo anuncios y promesas que no sólo fueron unos de los elementos que las agencias de calificación crediticia y las revistas especializadas consideraron —sin decirlo abiertamente— al evaluar la confiabilidad de las emisiones de deuda por el gobierno, sino que estaban en total contradicción con la realidad económica y la inminente degradación del crédito de Puerto Rico.[12]

La realidad presente es que la economía de la isla se haya en curso descendente, a base los propios indicadores del gobierno sobre actividad económica dados a la luz durante horas nocturnas del 27 de diciembre de 2013.[13]

En el reportaje de Cortés, antes citado, se señala que “actualmente, la deuda pública de todos los organismos gubernamentales ronda los $70,000 millones.. [y] si se le suman los intereses, lo adeudado sobrepasa los $100,000 millones…[E]l propio presupuesto, desde su concepción, tiene deficiencias presupuestarias que rondan los $850 millones. Tales son los hechos según reconocidos en un reportaje montado por el periódico El Nuevo Día con economistas cercanos a los círculos del poder tras la administración de García Padilla.

A la luz de esa realidad, resulta inquietante la discusión referente a si la administración García Padilla podrá o no emitir bonos antes de que se produzca la inminente degradación del crédito de Puerto Rico, lo que presuntamente facilitaría el acceso a los mercados de bonos. El hecho concreto es que se trata de emitir deuda adicional, antes de que ocurra una calificación formal de chatarra, cuando ya el gobierno de Puerto Rico, para todos los fines prácticos, goza de esa categoría en los mercados de valores.[14]

Ramón Frade. El Pan Nuestro.

Es preocupante el tono celebratorio e indulgente de algunos respecto a la política del gobierno de García Padilla, y su partido, de continuar aumentando la deuda gubernamental mediante nuevas emisiones de bonos, manteniendo a la isla empantanada en el ciclo interminable de los endeudamientos, a sabiendas de que el camino correcto es la atracción de capital a la isla, y promover la producción de bienes y servicios.

Peor aún, trascendió a través del Financial Times, según ha sido reportado por el periodista Carlos Antonio Otero en El Vocero que el gobierno se reuniría el jueves 16 de enero con acreedores de Puerto Rico en los Estados Unidos, con el objetivo de reestructurar la deuda gubernamental de 70,000 millones (70 billones) de dólares.

Aunque la información ha sido negada por las autoridades basándose en el principio de la obligación constitucional de pagar la deuda pública, una reestructuración de la deuda no constituiría necesariamente una negativa de pago, sino que puede ser propuesta como una redefinición de los términos de satisfacción de la deuda, teniéndose claro que su impago tendría efectos nefastos. [14-A]

Por otro lado, ante las circunstancias expuestas anteriormente, y el reconocimiento en el Informe del Grupo de Trabajo del Presidente de la relación existente entre la solución del asunto del status y las medidas para atender los problemas económicos de la isla, resulta necesario que Casa Blanca acelere el paso, no sólo en cuanto a las tutorías al señor gobernador y sus asesores, sino en el respaldo a un verdadero proceso descolonizador, donde no se permita tratar de engañar a los puertorriqueños con opciones que no son viables bajo la constitución de los Estados Unidos.

El fracaso de la demagogia

Cuando anticipé que García Padilla no podría mantener su discurso populista y demagógico ante la necesidad de tomar medidas antipáticas o impopulares, pensé que al menos el gobernador trataría de que sus medidas fueran cuidadosamente ponderadas y debidamente fundadas, limitadas a los asuntos en que fueran realmente necesarias, sensibles a la ciudadanía al máximo posible y, sobre todo, abiertas y transparentes, en lugar de adoptar un discurso tendente a la mentira y a la confusión de la opinión pública.

Sin embargo, García Padilla y su gobierno optaron por medidas agresivas, como la imposición de una reforma al plan de retiro de los maestros con el presunto objetivo de proveerle liquidez. La legislación sobre este plan de retiro fue aprobada de manera autoritaria y atropellada, no obstante las advertencias, incluso, por parte de algunos legisladores del partido de gobierno, en el sentido de que esta reforma no detendría la degradación del crédito de la isla, y a pesar de haber sido planteadas en la discusión pública alternativas y hechos que merecían atención, como el referente a que el sistema no carece de liquidez, que el énfasis del gobierno debía colocarse en la atracción de capital y mover la economía de Puerto Rico, y que la medida adoptada obedecía a compromisos previos innecesarios con las agencias calificadoras del crédito.[15]

Como consecuencia de la aprobación de esta legislación, los sindicatos de maestros comenzaron una serie de protestas con un exitoso paro de labores por 48 horas del 14 al 15 de enero de 2014. Hay que señalar que, contrario a otras ocasiones, el magisterio luce unido, y claramente orientado sobre los objetivos de su lucha.

Además, han logrado que el Tribunal Supremo, tribunal de mayor jerarquía en Puerto Rico, detuviera la Ley 160, legislación aprobada para reformar el sistema de retiro de maestros, hasta poder evaluar en los méritos el cuestionamiento judicial del referido estatuto por los grupos magisteriales.

Paradójicamente, el propio gobierno ha provocado la paralización de un deteriorado y en ascuas sistema público de enseñanza, al restarle derechos a los trabajadores con quienes se tiene que contar para poder levantar ese sistema.

Al igual que en el caso de los maestros, en el caso del sistema de retiro de los jueces fue aprobada legislación, también a destiempo, también sin mediar un proceso político y legislativo mesurado y ordenado, considerando con cuidado los aspectos constitucionales planteados.

La feliz retórica populista con la que empezó a gobernar García Padilla se ha ido deshaciendo, dejando al rey desnudo con su demagogia, y su limitado proyecto político de proteger el régimen colonial, tomando dinero prestado en el complejo y cruel mercado de valores.

Crisis general del ELA: sociedad, cultura y los movimientos del poder

Cuando me refiero a una crisis general del ELA parto de que a la debacle económica se suman como producto, en gran medida, de la condición colonial: la descomposición del entretejido social[16] (las instituciones y relaciones, dentro de los parámetros culturales y sociopolíticos, que hacen posible la convivencia ciudadana); el cuestionamiento de la clase política (en buena medida, aunque no únicamente, debido a la incompetencia de la reaccionaria y demagógica administración de turno); el consenso ciudadano de rechazo al esquema colonial de las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos;  y las posiciones estrechas y sectarias asumidas, dentro de este complejo lienzo, por parte de formaciones políticas, gremios, y sindicatos, por un lado y, desde otra localización sociopolítica, por parte de aquellos sectores sociales entre los cuales destaca la oligarquía mediático-financiera, de un peso cardinal desde la década de los ’90 del siglo pasado en adelante, y que responde únicamente a sus propios intereses y proyectos.    

Lo anterior se ha manifestado, muy concretamente, en la tensión social provocada por las determinaciones de la administración de García Padilla, a la que se une un enjambre compuesto por la crisis en la calidad de los servicios de salud y educación; el estado de la salud mental de la población; la violencia como código de conducta en las relaciones interpersonales, a todos los niveles y escenarios en que estas se manifiestan; una intensa actividad de trasiego de drogas, con su cuota correspondiente de asesinatos en la guerra para controlar su distribución en la isla; y las conspiraciones en marcha, ya sea para el lavado de dinero del narcotráfico, o para la evasión contributiva, mediante proyectos comerciales, y pretendidamente turísticos, cuya viabilidad es, cuando menos, cuestionable.[17]

Mural del artista Abey Charrón
(Fotografía Eric Alvarez)

Por otro lado —aun reconociendo todas las excepciones que puedan manifestarse en los diferentes grupos sociales y formaciones políticas—, la convivencia ciudadana es asfixiada por el proceso de pérdida de la Civilidad. Es decir, por la inexistencia, entre otros elementos que expongo más adelante, de una cultura de convivencia, fundada en el respeto a las diferencias y la diversidad (el respeto al Otro) en todos los ámbitos, incluyendo aquellos dilemas colectivos más esenciales.

Asedia, además, a toda la ciudadanía la ausencia de voluntad real de servicio y del ejercicio de un liderato honesto por parte de la mayoría de los componentes de la clase política.

Pero tal vez, los factores que sojuzgan de manera más grave a la ciudadanía, por razón de los sofisticados mecanismos a través de los que se manifiestan, y de los intereses jurídicos contra los que atentan, lo sean el autoritarismo y la prepotencia por parte del sector mediático y financiero de la oligarquía criolla.

Autoridad y poder el de este gorila agigantado, capaz de golpear de manera contundente y efectiva en sus relaciones con otros sectores de este estamento, y con los miembros de clases o segmentos sociales de menos poder económico —o subalternos— lo cual a su vez lesiona, y limita, por conducto de los tribalismos sociopolíticos, la institucionalidad y los espacios democráticos. [10]

Aunque en este trabajo no he pretendido analizar en su alcance más detallado, y en toda su extensión, la relación específica de los sectores y factores sociales y políticos considerados anteriormente, con la condición colonial o el carácter territorial del modelo político vigente en Puerto Rico, me parece pertinente hacer constar el siguiente señalamiento.

Mis posturas han sido consecuentemente críticas respecto al ELA, el modelo que plantea, y los elementos y grupos de la clase política que se han nutrido de sus instituciones. No obstante, pienso que hay unos problemas económicos, socioculturales y sociopolíticos que trascienden, aunque no excluyen, el asunto del status político. Mi posición es que algunos de los problemas que han coagulado en la crisis general del ELA son el resultado de un conjunto de factores, entre ellos las erradas políticas económicas, y la incompetencia habida bajo diferentes administraciones de gobierno.

Por otro lado, problemas socioculturales y sociopolíticos como los de la violencia y la descomposición de la civilidad, me parece están estrechamente relacionados con la noción idealizada, al punto del romanticismo, de la cultura boricua, lo que conlleva pasar por alto, e incluso glorificar, aceptando como factores de identidad a ser destacados, valores y concepciones enraizados en aquella, tales como el sexismo, la violencia de género, la homofobia, la xenofobia, así como otros ya señalados de alguna u otra manera en los párrafos y trabajos precedentes.

Hay que reconocer, sin embargo, que el componente de lo ideológico-cultural, o de la mitificación de la esencialidad del ser o la identidad, a partir de códigos nacionalistas con una vocación desde folclorista hasta patriótica-militante, es sólo uno de muchos factores —pero uno muy importante, no se me malinterprete— junto a los efectos del narcotráfico, de una contemporaneidad marcada por el culto a la violencia en el mass media y los medios cibernéticos, y los graves problemas de salud mental que se manifiestan en todo tipo de actos esencialmente violentos y ajenos a un mínimo de civilidad.

El trazado de la causa política del problema cultural de la violencia y la carencia de civilidad puede llegar, sin embargo, hasta el estado libre asociado en la medida en que este esquema territorial de relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico mantiene a este último en un limbo jurídico que no le permite encaminar todas sus energías hacia la solución de los problemas más acuciantes de la sociedad.

La reconstrucción de la civilidad, así como del capital social a que hace referencia atinadamente el profesor Elías Gutiérrez, [18] puede tomar una generación completa, para no hablar de lo referente a las medidas económicas, como ya he señalado en ocasiones anteriores.

En esta compleja madeja ocupa un lugar fundamental un pequeño grupo de familias de gran poder económico, las cuales controlan las finanzas, la banca, los medios de información, y las instituciones de carácter cultural, y que ejercen el autoritarismo y la prepotencia con toda indiferencia a las formalidades y la institucionalidad del Estado de Derecho.

Ante esta particular amenaza contra las instituciones democráticas, debe considerarse la valiente y bien fundada denuncia expuesta por la publicación especializada en asuntos económicos, Sin Comillas, sobre el acuerdo de El Nuevo Día con el gobierno de García Padilla para recibir el Informe del Índice de Actividad Económica del Gobierno de Puerto Rico para el Período de Septiembre y Octubre, el pasado 9 de diciembre, antes que ningún otro medio de prensa.

Esta oligarquía mediático-financiera es la roca al borde del precipicio en la que se pretende sostener el inmovilismo colonialista en Puerto Rico, por lo cual sus posibles proyectos ante esta crisis inminentemente definitoria del ELA adquieren una importancia vital.

La roca del inmovilismo

En el ser, en lo que es, surgen 

otras formas, se establecen nuevas determinaciones.  Lo que en cada 

momento es, no está plenamente 

determinado, es decir no lo está 

hasta el punto de excluir el 

surgimiento de otras 

determinaciones. 

Cornelius Castoradis 

La oligarquía mediático-financiera, protagonista principal del proyecto del inmovilismo colonialista, no se limita a pretender controlar la información noticiosa por medio de un periódico con voracidad monopolista. A ese importante mecanismo se une un entramado de diferentes órganos, instituciones y entidades con diversos perfiles para impulsar sus proyectos particulares, sus posiciones, su influencia política de peso pesado, y ejercer su hegemonía ideológica y cultural. [10]

Su proyecto fundamental, como sector dominante dentro de lo que podría reconocerse como una burguesía o, con mayor especificidad, oligarquía criolla, es el mantenimiento del status colonial del ELA, el modelo territorial de relaciones con los Estados Unidos que ha colapsado, y en última instancia, tal vez, una república en la que puedan ejercer su monopolio económico y político. 

Desde la perspectiva de los sectores políticos, el PPD es acompañado en su travesía por un sector del nacionalismo de capa caída, que encuentra espacio, un salario y una voz parcial en ese partido, así como algún neoradicalismo inocuo o radicalismo light criollo para el cual las posiciones o reconocimientos que pueda obtener como voces exóticas del anticapitalismo, contra la democracia liberal y los Estados Unidos son más importantes que el futuro de la sociedad puertorriqueña.

Otros sectores del nacionalismo, y la presunta izquierda antiimperialista —vinculados principal, aunque no únicamente, a la actividad cultural y la academia, a profesiones liberales y a actividades empresariales de altos ingresos económicos— pretenden presentarse a la ciudadanía como respuesta al inmovilismo.

La realidad es, sin embargo, que unos y otros carecen de toda vocación, propósito, o posibilidad política, de constituirse en Nación-Estado, por el costo en dólares que ello representaría para el país y, sobre todo, para los propios elementos individuales que integran estos sectores. 

Estos sectores se han beneficiado, particularmente durante las últimas tres décadas, de la financiación norteamericana a universidades, profesores universitarios, actividades académicas y culturales, y a programas sociales locales; de la institucionalidad propietaria del capitalismo norteamericano, sus reglas, sus espacios diversos de consumo, y los centros de enseñanza universitaria ubicados en los Estados Unidos; de las libertades de expresión, reunión y organización política, protegidas por el Estado de Derecho democrático; del libre acceso, como ciudadanos americanos, al mercado de educación y de empleo en la metrópolis; y finalmente, del nacionalismo de camisetas y pinches, de los gestos y motivos de los discursos del criollismo y un antiimperialismo ingenuo en la artesanía, las artes plásticas, la literatura, y la música, todo ello como mercancía de buena salida local, y en mercados del exterior, ávido de relatos exóticos en torno a la maldad yanqui y capitalista.

Paradójicamente, las contradicciones inherentes a su propia realidad operan como un detente reflexivo en el proceso delusivo de sus desvaríos, lo que no impide que sus códigos y mitificaciones sean repetidos mecánicamente, ad náuseam, en foros, ferias, fiestas, festivales, y en eventos de cariz político con alguna intensidad de circense militancia. El resultado neto de todos estos gestos, poses, actuaciones y relatos, ha sido, y es, la asunción por parte de estos sectores de la función de aliados de la oligarquía mediático-financiera, en lugar de opositor consecuente del colonialismo.

De esta forma se consolida una gran roca inmovilista, anclada en el colonialismo más rancio, sostenida por el segmento mediático financiero de la oligarquía criolla y, a su vez, beneficiándose del capitalismo, y los dólares que imprime el Banco Federal de la Reserva de los Estados Unidos; entremezclado sectorial que constituye epítome de la moral en la cual el cinismo va acompañado de la demagogia política más abyecta.

Esta amalgama de instituciones y sectores políticos constituye un enorme obstáculo al desarrollo democrático y a la descolonización de Puerto Rico. Por ello, ante la debacle del ELA, es factible suponer que mediante el control de la información y de los gobiernos insulares, así como su torcida alianza con elementos de un menguado nacionalismo y una izquierda nocturnal —desesperados en su “lucha por parar la estadidad”—, la fracción oligárquica mediático financiera pretenda imponer la inmovilidad colonial bajo el ELA, o, en última instancia, una república en la que puedan preservar el control y la gran influencia política que ejercen en el presente para defender sus sustanciales intereses económicos.

En este espacio pluridimensional en el que lo económico, lo social y lo político se entrecruzan, debe poder encontrarse una solución justa para la sociedad puertorriqueña ante la presente crisis. Ni el extremo de la incompetencia irracional de García Padilla y su gobierno, ni la manipulación y el autoritarismo por la oligarquía criolla, ni el inmovilismo colonialista, ni el nacionalismo sin propuestas, ni el extremismo infantil de izquierdas de carácter minoritario que sinuosamente se pueda colar en estas coyunturas, representan, ni constituyen, el espacio histórico de esa solución.

Las circunstancias presentes demuestran que es necesario retornar a lo básico, así como comprender y atender el problema en su esencia, en su raíz. Y comenzar a reconstruir.

Crisis final del ELA: a descolonizar y reconstruir

La crisis general de Puerto Rico es una manifestación concreta de la caducidad del modelo del estado libre asociado y las políticas económicas en las que éste se sostuvo. Prácticamente, ha sido un lugar común en la discusión pública, tanto en Puerto Rico, como Estados Unidos y Europa, la consideración, al menos, de la "extraña relación entre Puerto Rico y Estados Unidos", por no referirse directamente al estatuto colonial o territorial de estado libre asociado.

Me refiero a una crisis general del ELA debido a que su colapso trasciende los elementos económicos, y se manifiesta en la acumulación de la descomposición social y cultural, la debacle de todos los servicios esenciales a la ciudadanía, los índices de enfermedad mental, la violencia en los espacios de expresión e interacción de los individuos, y los efectos avasallantes del control que ejerce la oligarquía criolla inmovilista sobre el resto de la sociedad puertorriqueña. 

Es final esta crisis que nos quebranta sueños —y nos tiene a muchos buscando la forma de escapar, aunque sea a Alaska— porque evidentemente el ELA se agotó, y el PPD no puede seguir sacando cartas debajo de la mesa, sino a duras penas ¡nuevas emisiones de deuda! Efectivamente la crisis del ELA es estructural y definitiva.[19]

La caducidad del ELA no se reduce a su cada vez más limitada capacidad de ofrecer incentivos contributivos a las empresas basados en excepciones provistas por el Código de Rentas Internas Federal, y en las interpretaciones por parte del Internal Revenue Service (IRS). A esta situación se une el hecho de que el gobierno colonial no puede pretender continuar sufragando, mediante asignaciones federales, y emisiones de deuda, una economía basada en el gobierno como patrono, y de carácter populista con guiños paternalistas y gestos socialistas.

Archivo

Por otro lado, en lo referente a la compleja problemática de la isla, el hecho de que 3.6 millones de ciudadanos americanos, nacionales puertorriqueños, residentes en Puerto Rico, carezcan de representación plena en el Congreso, y no puedan votar por el presidente del gobierno que ejerce la soberanía política sobre el territorio en que viven, evidencia la insuficiencia política y democrática del estado libre asociado.

La disposiciones legales que rigen las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos no solo constituyen una afrenta a los principios democráticos que éste defiende. Las carencias de esta relación político-jurídica se convierten en un obstáculo para que la isla sea tratada de manera equitativa, respecto al resto de los estados, en la disposición de fondos que, en coyunturas como la presente, podrían aliviar la presión que castiga a las clases media y trabajadora en general, así como a los sectores indigentes de la sociedad.

Como se sabe, ante esta realidad, Ron Wyden, senador demócrata por Oregon, y Lisa  Murkowski, senadora republicana por Alaska, presidente y vicepresidente respectivamente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado federal, puntualizaron, en una carta dirigida al comisionado residente,[20] Pedro Pierluisi, el pasado 13 de diciembre de 2013, que no era una opción válida de status el llamado estado libre asociado-mejorado, y que opciones no viables no debían ser consideradas en los procesos de deliberación sobre el status debido a que podían producir confusión en el debate y minar los esfuerzos para resolver este importante asunto. 

A raíz de esta comunicación, y ante los claros resultados del plebiscito del 6 de noviembre de 2012 en los que el electorado rechazó el presente estado territorial y, por ende, el estatuto de carácter colonial, el comisionado residente le requirió al gobernador García Padilla aceptar la realidad sobre el rechazo del pueblo al status territorial actual. 

La respuesta de García Padilla y su partido fue que el llamado ELA mejorado no podía ser excluido de los procesos de solución de la cuestión sempiterna del status. De esta presunta opción no se puede señalar sino que se trata de una entelequia cuyos contornos nunca han sido definidos, desconociéndose si sus propulsores se refieren a la libre asociación (una forma de independencia que reconoce el Derecho Internacional), o a la presente relación colonial con cambios que nunca nadie ha precisado, ni se pueden precisar, de una manera jurídicamente consistente. 

En el fondo, de lo que trata todo este esquema argumentativo, es de la insistencia del PPD en que se incluya, como solución al problema colonial, la posibilidad de optar por el propio problema colonial, cosa que no sólo es carente de lógica, sino que es incorrecta en Derecho, y es otro ejercicio demagógico, de los muchos que ese partido ha llevado a cabo a través de la historia, y que tienen a Puerto Rico en la debacle en que se encuentra.

Por otro lado, dadas las circunstancias de la isla, es necesaria, sin dudas, una concertación, un acuerdo por parte de todos los sectores que componen la sociedad, para trabajar en su reconstrucción la cual puede tomar cerca de 20 años cuando se considera la descomposición del entretejido social, cultural e institucional. Tenemos que dar por terminado el ELA, pero ello no basta.

Puerto Rico precisa atraer capital, para lo cual es necesario ser capaz de ofrecer cuatro elementos básicos: altos niveles de educación de la población apta para trabajar en áreas de alta demanda de carácter científico-técnico, medida respecto a la cual me parece hay consenso general en la isla, según se refleja por el discurso formal de las diferentes formaciones políticas;  bajos costos de producción, lo que implica lograr que la generación de energía eléctrica sea más eficiente, y menos costosa, así como mejorar la infraestructura, en servicios de agua, transporte terrestre, carreteras, puertos y aeropuertos; regularidad y consistencia en los procesos administrativos para la obtención de permisos, y la adjudicación de controversias, lo que significa procesos transparentes y eficientes en las agencias del gobierno, y un sistema de tribunales regido por principios y normas de derecho claramente definidos; y finalmente, estabilidad política, es decir, confianza en la estabilidad del gobierno de la isla y confianza en sus instituciones, incluyendo los organismos encargados de la seguridad de la ciudadanía.

Esos elementos son alcanzables mediante la solución de la condición colonial de Puerto Rico a través de la independencia o a través de la integración a los Estados Unidos. Sin embargo, los problemas que plantea la independencia son diversos, destacándose entre otros: la incapacidad de la economía de la república de mantener los actuales derechos salariales de los trabajadores, particularmente si se pretende sostener la competitividad de su economía a base del bajo costo de la fuerza laboral; y la incertidumbre en cuanto a si el liderato de un Puerto Rico constituido en un Estado nacional estaría dispuesto a enfrentar los sectores del sindicalismo, y de la política en general, que impulsan medidas extremas y rechazan, como cuestión de principio, las estructuras democráticas y republicanas de gobierno, más específicamente, la institucionalidad del Estado de Derecho según lo conocemos.

Es un dato de importancia el hecho de que la república independiente o asociada tendría que hallar maneras para sustituir los cerca de 6,000 millones de dólares (es decir, 6 billones) que recibe solamente el gobierno de Puerto Rico todos los años, a lo que hay que añadir otras transferencias para beneficios como becas, subsidio de interés de préstamos de estudiantes, seguro social, medicare, veteranos, pensiones del sistema de retiro federal, ayuda a la vivienda, cupones de alimentos y transferencias a organizaciones no gubernamentales que ronda los12,000 millones (12 billones) de dólares (según datos circulados por la administración de García Padilla a través Internet).

Si se consideran fuentes aún más confiables, al tomarse todas las transferencias federales del año 2000 al 2012, estas suman la enorme cantidad de 190,253,197,096 millones (o sobre 190 billones) de dólares, de los cuales 56,568,633,096 millones (o sobre los 56 billones) de dólares fueron destinados a lo que es estrictamente gobierno, transfiriéndose el resto a programas educativos, beneficios, organizaciones no gubernamentales, y otros renglones. Invito al examen de los datos contenidos en la página electrónica Assistance to Recipients in Puerto Rico. 

Es imposible tan siquiera imaginar mecanismos para sustituir estos ingresos que recibe la economía de Puerto Rico, y el impacto de su eliminación a raíz de la independencia, o de un tratado de libre de asociación como nación independiente. Debe recordarse que en el caso de este último los ciudadanos americanos en Puerto Rico se considerarían, cuando menos, residentes de una nación extranjera, desapareciendo, lógicamente —como en el caso de la independencia— toda obligación de ayudas económicas por parte de los Estados Unidos, excepto aquellas que sean determinadas mediante el tratado de libre asociación.

La estadidad o federación, por su parte, proveería todos aquellos elementos de participación política efectiva, tanto mediante la elección del presidente, como de representación en el congreso mediante dos senadores y cinco representantes, así como siete votos electorales, además de trato igual al que reciben los ciudadanos americanos en los estados, en la asignación de fondos para diversos programas, incluyendo el medicare, todos los cuales se reciben en cantidades menores por el carácter territorial del ELA. La solución del dilema colonial mediante la federación, proporcionaría la estabilidad necesaria para concentrar todas las energías de la sociedad en la superación de la presente crisis general. 

Por otro lado, le ofrecería al capital extranjero la seguridad de la institucionalidad y la estabilidad política del estado de Puerto Rico, no sólo por su propia estructura jurídica y sus organismos de seguridad, sino por ser una jurisdicción plenamente integrada a los Estados Unidos.[21]

Es evidente, en lo que respecta a la alternativa de la estadidad, el rechazo del sector mediático-financiero de la oligarquía criolla, motivado por su pretensión de mantenerse en control del poder económico, así como del poder político en las instancias fundamentales de la sociedad puertorriqueña, logrando que la estructura del gobierno isleño responda a sus intereses.

Esta fracción dominante de la oligarquía criolla, se anticipa, de este modo, al hecho de que la estadidad, con la debida participación ciudadana mediante el voto presidencial y la participación en el Congreso de los Estados Unidos, conllevaría un nivel de integración política y jurídica, así como la inserción en unas procesos de gobierno, que impedirían a este sector la libre manipulación de las estructuras de gobierno.

El rechazo de este sector de la oligarquía isleña es motivado, además, por su vocación monopolista la cual le lleva a resistir que el mercado local se abra a nuevos inversionistas y a la competencia con el empresariado de los Estados Unidos.

A lo anterior se une la resistencia al potencial aumento de la presencia de los organismos reguladores e investigativos del gobierno federal en Puerto Rico, lo que implicaría la intensificación de la fiscalización de actividades empresariales sensitivas, como lo son la banca y las inversiones.[10]

Sonia Sotomayor, juez de origen puertorriqueño,
en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos

Por otro lado, contra esta alternativa se levanta frecuentemente, y con ahuecadas alegaciones, la demagógica suposición de la “pérdida de la cultura", entre otros mitos de origen provincianamente nacionalistas. No evadiré su discusión. Deseo, sin embargo, hacer mis señalamientos sobre esta cuestión partiendo de dos hechos evidentes por sí mismos: con la estadidad Puerto Rico no desaparecerá de la región del Caribe, ni étnicamente será distinto a lo que es en la actualidad, tal y como ha sido durante los 115 años de ejercicio de la soberanía de los Estados Unidos sobre Puerto Rico. [21-A]

Lo verdaderamente medular en la discusión del tema de la supuesta "pérdida de la cultura" es el desarrollo de la diversidad cultural y del concepto de "ser ciudadano" en los Estados Unidos, desde el año 2000 al presente. Relacionado con este asunto y al considerar la nominación de la juez de origen puertorriqueño, Sonia Sotomayor al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en otro artículo de esta publicación expresé lo siguiente:

La clase política estadounidense ha iniciado el proceso de aceptar el principio de que el elemento unificador del país es el respaldo a los valores y derechos democráticos consignados en la Constitución.[22] Como producto de ese proceso se va configurando con mayor fortaleza una nueva visión del “ser ciudadano” en los Estados Unidos.

[L]as diferencias entre griegos, italianos, negros, judíos, hispanos, y blancos anglosajones protestantes, van pasando a un segundo plano a la hora de seleccionar a las mujeres y hombres que mejor puedan aportar a las instituciones de gobierno”.

[S]e trata esta de una aportación fundamental a la política y a la cultura política no sólo de los propios Estados Unidos, sino del mundo entero, y particularmente de Europa.

No debe, no puede, ser pasado por alto lo que significa para el mundo y para el propio Estados Unidos la elección de un negro, nacido en Hawaii, hijo de inmigrante africano y de una oriunda norteamericana, a la Presidencia de los Estados Unidos. Ese evento plantea una nueva vertiente en la discusión del rol de las nacionalidades, particularmente en las antiguas metrópolis coloniales.

Si bien en el campo económico se discute un retorno del proteccionismo [...] hacia el interior de las sociedades y los estados nacionales, adquiere relevancia el rechazo a la exclusión y al odio racial o basado en el origen étnico-nacional de las personas.

El ser ciudadano de uno u otro Estado, adquiere nuevos significados y retos que no están definidos a base del sentimiento nacionalista, sino en la aceptación y defensa de un conjunto de principios democráticos esenciales.

En definitiva, la oposición a la integración de Puerto Rico como parte de los Estados Unidos, por razón de "pérdida de la cultura", se basa en supuestos nacionalistas, que pierden de vista totalmente el proceso de consolidación —lento pero constante— del principio de la unión dentro de la diversidad, y del concepto de "ser ciudadano" de un Estado a base de la aceptación de un conjunto de principios democráticos, mas no por consideraciones étnicas o de origen nacional.

La solución a la crisis general del ELA no es mantener el mismo y fallido estatuto de corte colonial, ni tampoco lo es la independencia, o esta última bajo un acuerdo de libre asociación. Sólo mediante la terminación de la condición colonial, así como la efectiva y plena integración jurídica y política de Puerto Rico como estado a los Estados Unidos, es decir mediante la federación, se podrá comenzar a andar y enfocar las energías de todos los sectores, hoy divididos por la cuestión del status, en la superación de la presente crisis e iniciar la reconstrucción de la sociedad puertorriqueña.

Ya es hora. Comencemos a andar. Comencemos a reconstruir.

Nota personal de agradecimiento:

Deseo agradecerle a los profesores Jaime Benson y Arturo Torrecilla, así como a Yrsa, su desprendida y valiosa colaboración en el análisis y desarrollo de este ensayo desde diferentes puntos de vista. Por supuesto, huelga decir que me corresponde a mí exclusivamente la responsabilidad por todo lo contenido en este escrito, desde el primer acento hasta el punto final. A todos, "muchas veces, muchas gracias".

Notas al texto:

[1] Utilizo el término colonia con unos contornos limitados por las características del modelo territorial de relaciones jurídico-políticas entre los Estados Unidos y Puerto Rico, reconociendo las diferencias evidentes con lo que fueron, por ejemplo, los regímenes coloniales en la India, Africa, y con la situación muy específica de Palestina, la cual, de paso, resulta ofensivo a los propios palestinos comparar con Puerto Rico.

[2] Señalo más adelante algunos factores que pueden considerarse causantes de la crisis general de Puerto Rico y el estado libre asociado.

[3] Los datos a que hago referencia surgen del análisis y tablas preparadas, a base de información del Banco Gubernamental de Fomento y de la Junta de Planificación, por el catedrático en economía, Jaime Benson, como parte de unos foros en la Facultad de Ciencias Sociales, que generosamente el profesor ha compartido conmigo para este ensayo, así como de datos expuestos en el artículo Mal uso de la deuda, del profesor Carlos Colón de Armas, publicado en El Vocero del 4 de mayo de 2012, a la página 24. 

[4] Los datos a que hago referencia están contenidos y explicados en el artículo Mal uso de la deuda, del profesor Carlos Colón de Armas, publicado en El Vocero del 4 de mayo de 2012, a la página 24. 

[4-A] Datos obtenidos de investigación en el sitio electrónico del Banco Gubernamental de Desarrollo (Banco de Fomento) en la sección dedicada a proveer información sobre sus emisiones de deuda. Véase http://www.gdb-pur.com/investors_resources/commonwealth.html. En cuanto al historial de la calificación de la deuda del gobierno de Puerto Rico por Standard & Poor’s, véase http://www.gdb-pur.com/investors_resources/documents/Apr2015-SPsHistoricalRatings-Eng.pdf. Se advierte al lector que la dirección electrónica en donde se localiza la información citada puede ser variada por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). No así el deber de tener ésta disponible como parte de los requisitos mínimos de transparencia respecto a los inversores y el público en general. En todo caso debe identificarse la sección de investor resources en la página electrónica del BGF. Por otro lado, los datos allí contenidos evidencian la responsabilidad directa de las administraciones del Partido Popular Democrático por la devaluación del crédito del gobierno de Puerto Rico. En cuanto al historial de la clasificación del crédito del gobierno de Puerto Rico por Moody's vea http://www.gdb-pur.com/investors_resources/documents/Feb2015-MoodysHistoricalRatings-Eng.pdf. Para la relación de calificaciones asignadas por la agencia Fitch, vea http://www.gdbpur.com/investors_resources/documents/FitchHistoricalRatings-Eng.pdf

[5] Vargas Llosa, Mario (1969), Conversación en la catedral. En la novela, al exponerse las reflexiones del personaje identificado como Zavalita, se indica que éste se preguntó: “¿En qué momento se había jodido el Perú?” Para una referencia inmediata sobre esta obra y el personaje mencionado en el texto,  véase Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/Conversación_en_La_Catedral, a 26 de noviembre de 2014.

[6] El abogado especialista en Derecho corporativo y comercial, Luis Fortuño, fue electo a la gobernación en las elecciones del 4 de noviembre del 2008 por el Partido Nuevo Progresista (PNP), partido que propulsa la plena integración jurídica y política de Puerto Rico a los Estados Unidos, lo que históricamente se ha dado por llamar estadidad. Fortuño asumió sus funciones a partir del 1 de enero de 2009.

[7] Datos obtenidos en entrevista con el catedrático en economía, Jaime Benson, profesor en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. 

[8] Véase Entrevista al ex–gobernador Luis Fortuño en Univisión por el periodista Jorge Ramos, según publicada en You Tube, el 23 de diciembre de 2013.

[9] De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española se la llama “país” a una “nación, región, provincia o territorio”. Énfasis provisto por el autor.

[10] Con el término mediático-financiera me refiero a un sector de la oligarquía de Puerto Rico —esta última caracterizada como criolla en escritos previos— que ha logrado tener un peso extraordinario en los procesos políticos, y que tiene gran poder económico en la banca, las finanzas y la industria mediática por diferentes vías. Se trata, en fin, de un sector fundamental. Por otro lado, al referirme al concepto más amplio de oligarquía criolla, en este y otros escritos previos, pienso la existencia de un selecto grupo de apellidos y parentescos, de extraordinario poder económico —casta social de origen esencialmente hispánico, sucesora de hacendados, banqueros y comerciantes de fines del siglo 19 y principios del siglo 20—, las relaciones que se producen entre estos clanes familiares las cuales a su vez generan nuevos espacios y momentos hegemónicos, así como la influencia que evidentemente tienen en el ejercicio del poder político y económico en la isla. Poder e influencia que no queda ahí, sino que se extiende a las relaciones políticas entre estos sectores y la metrópolis, obtenidas mediante las aportaciones económicas a las campañas electorales de los partidos Demócrata y Republicano, y particularmente, a las de sus respectivas candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Dentro de esta clase, la oligarquía mediático-financiera es una facción dominante en los juegos del ejercicio del poder político por su fuerza monopolista en ambas actividades económicas.

[11] Véase Entrevista al ex–gobernador Luis Fortuñoen Univisión por el periodista Jorge Ramos, según publicada en You Tube, el 23 de diciembre de 2013.

[12] Véase el reportaje Hora cero para los bonos, http://elvocero.com/hora-cero-para-los-bonos, por Alana Álvarez Valle para El Vocero del 7 de enero de 2014; y los titulados Grave Error, http://elvocero.com/grave-error/, del 9 de enero de 2014, y Retrato negativo de la economía local, http://elvocero.com/retrato-negativo-de-la-economia-local/, del 7 de enero de 2014, ambos por Carlos Antonio Otero para el mismo periódico.

[13] Véase el reportaje de Carlos Antonio Otero para El Vocero: Larga espera por la expansión económica (http://issuu.com/vocero.com/docs/v12302013/6), del 30 de diciembre de 2013. Para otros análisis del estado del crédito y de la economía de Puerto Rico sugiero las informaciones contenidas en las siguientes publicaciones especializadas y fuentes periodísticas: Sin Comillas, el Caribbean Business, la sección de negocios del periódico El Vocero, The Bond Buyer, Barron’s, Forbes , The Economist, el Washington Post, y Reuters.

[14] Véase el reportaje Hora cero para los bonos, http://elvocero.com/hora-cero-para-los-bonos, por Alana Álvarez Valle para El Vocero del 7 de enero de 2014; y los titulados Grave Error, http://elvocero.com/grave-error/, del 9 de enero de 2014, y Retrato negativo de la economía local, http://elvocero.com/retrato-negativo-de-la-economia-local/, del 7 de enero de 2014, ambos por Carlos Antonio Otero para el mismo periódico.

[14-A] Con posterioridad a la publicación original de este ensayo ha surgido en la discusión pública la posibilidad de la inclusión de Puerto Rico en el Capítulo 9 de la ley federal de quiebras, la cual posibilita a las dependencias de los estados —en este caso el territorio— acogerse a sus términos, permite que un deudor negocie los términos del pago de sus deudas. En términos de la percepción sobre el crédito de la isla, es evidente que acudir a este mecanismo confirmaría la condición de insolvencia de las agencias y municipios del ELA. La diferencia con la llamada ley de quiebra criolla, y las reestructuraciones concebidas por políticos, burócratas, y algunos personajes de la llamada izquierda, es que se ofrecería una reestructuración ordenada, y un proceso fiable y transparente para el pago de las deudas de las instituciones del ELA, bajo la supervisión de tribunales especializados en esta materia y de carácter independiente. La aprobación por el Congreso de los Estados Unidos de la enmienda correspondiente al Código Federal de Quiebras abriría una salida ante la situación en que se encuentra el gobierno del ELA en estos momentos. (Nota al calce añadida el 6 de mayo de 2015.)

[15] Véase: Oposición total del PNP 

[16] Considérese el importante artículo del profesor Elías Gutiérrez titulado El Riesgo de Escapar a la Degradación. 

[17] La tasa de asesinatos en Puerto Rico de conformidad con datos del FBI para el año 2011 registraban 284 asesinatos (sin contabilizar violaciones y homicidios) por cada 100,000 habitantes. 

[18] Ídem, nota 16, El Riesgo de Escapar a la Degradación.

[19] Al respecto, véase Comunicado de Prensa del Comisionado Residente, Pedro Pierluisi sobre mensaje al Congreso el 4 de diciembre de 2013.

[20] El comisionado residente es un representante de Puerto Rico, con voz pero sin voto en el Congreso de los Estados Unidos. Es electo cada cuatro años como parte de las elecciones generales en Puerto Rico, cuya fecha coincide con las elecciones en loso Estados Unidos.

[21] Considérese la conferencia del comisionado residente, Pedro Pierluisi, del 24 de abril de 2013, titulada: Citizenship, Democracy and Statehood. Además véase el excelente ensayo de Cory Howard, estudiante de tercer año de Derecho de Wake Forest University School of Law, Puerto Rico's Municipal Bond Dilemma: Is Statehood the Only Viable Option? (December 31, 2013). 83 Rev. Jur. Dig. UPR 15 (2013). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2378150

[21-A] Sobre este tema véase el análisis contenido en la página 11 de la conferencia del comisionado residente, Pedro Pierluisi, del 24 de abril de 2013, titulada: Citizenship, Democracy and Statehood, el cual sirvió como referencia para lo expuesto en este párrafo en particular.

[22] A pesar de lo que pueda alegar el ultraconservador y reaccionario Tea Party, e indistintamente de que se pueda coincidir o no con posiciones aisladas planteadas por este grupo, el reconocimiento y respeto a la diversidad por origen nacional, étnico y racial, así como la basada en el género y las preferencias sexuales —para no entrar a considerar los avances e implicaciones respecto a la legalización de la marihuana— entre otros criterios, se imponen a paso firme en Estados Unidos como un fenómeno sociológico y demográfico de profundo impacto político.

(Editado el 25 de enero de 2014 en las secciones dedicadas al "inmovilismo" y a la "estadidad”.)

(Editado el 12 de febrero de 2014 para incluir referencias adicionales a artículos publicados posteriormente en el periódico El Vocero, y realizar correcciones o cambios de estilo menores.)

(Editado el 26 de mayo de 2014 para corregir sustancialmente la introducción, traer como parte de la exposición el concepto de "federación" para referirse a la estadidad, y realizar cambios menores de gramática, redacción, y estilo.)

(Editado el 2 de agosto de 2014 a las 9:30 p.m. para incluir la nota 21-A con el objeto de referir al análisis contenido a la página 11 de la conferencia del comisionado residente, Pedro Pierluisi, del 24 de abril de 2013, titulada: Citizenship, Democracy and Statehood.) 

(Editado el 23 de abril de 2015 para un incluir una nota 14-A sobre el tema de la aplicación del Capítulo 9 del Código de Quiebras Federal al caso de Puerto Rico.)

(Editada el 27 de abril de 2015 para algunas precisiones y correcciones de redacción y estilo de la sección La roca del inmovilismo.)

(Editado el 4 de mayo de 2015. La explicación de los conceptos oligarquía criolla y oligarquía mediático financiera se han agrupado en la nota [10].)

(Revisado y editado el 8 de mayo de 2015 para ampliar y corregir referencias en notas al calce.)

(Editado el 18 de mayo de 2015 en la sección Crisis general del ELA: sociedad, cultura y los movimientos del poder.)