Chatarra los bonos de la Universidad por Jaime Benson, Catedrático de Economía, UPR

(Reproduzco a continuación la columna del profesor Jaime Benson publicada en El Vocero del jueves 27 de diciembre de 2012. Sobre su contenido el profesor Benson ha señalado que: "Me temo que no se trate de mera incompetencia [las medidas propuestas por la administración de Alejandro García Padilla], sino de una estrategia temeraria para desestabilizar la UPR con meros propósitos político partidistas poniendo en riesgo nuevamente la acreditación de la UPR. Los universitarios más allá de banderías partidistas debemos hacer frente común para salvar la Universidad, pues no solamente están en juego  nuestros empleos sino el futuro de todos." 

Antes de pasar al artículo del profesor Benson —en el cual expone sus fundamentos en torno a este asunto— deseo comentar que, en mi perspectiva, los intereses políticos estrechos, según los entiendo, apuntan a la absurda teoría de sacar a la Universidad de Puerto Rico del sistema de acreditación del Middle States Association, lo cual sería nefasto, para dirigirla a ser una réplica de fallidas universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Paradójicamente, y "sacándose los dos ojos", nuestros neo-chavistas se dedicarían a jugar al llamado cogobierno en la UPR, mientras el espacio que sería dejado por ésta pasaría, con toda probabilidad, a ser ocupado por una institución consolidada, con acceso a recursos económicos no provenientes del presupuesto del gobierno, con capacidad de presentar ofrecimientos académicos diversos, y de reclutar, gracias a sus ofrecimientos salariales, a los mejores profesores disponibles. Esa institución podría ser el Sistema Universitario Ana G. Méndez. La administración de García Padilla se dedicaría, mientras tanto, a pagar deudas electorales, y a los bailes rituales del populismo clientelista en la UPR, a costa del futuro de la institución, y de paso, como se verá en el artículo del profesor Benson, a costa también de debilitar aún más las clasificaciones crediticias y la capacidad de manejar el déficit presupuestario del gobierno colonial. 

(Sin más, pasemos al artículo del profesor Jaime Benson.)

El lunes 17 de diciembre, Moody’s Investors Services degradó en dos niveles la deuda  de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Baa2 ( de mediana calidad) a Ba1(grado especulativo o chatarra), a la luz de “la alta dependencia que tiene la UPR de los ingresos del gobierno…y la limitada capacidad de la UPR para aumentar sus ingresos, dada la resistencia a aumentar los costos de matricula…”, entre otras razones.

En el animo de Moody’s tiene que haber pesado las manifestaciones del gobernador electo Alejandro García Padilla de que se propone honrar su compromiso de campaña de eliminar la cuota semestral de $400,  ya que la misma genera  ingresos de $42 millones anuales para la Universidad en respaldo de una emisión de bonos hecha en el 2010.  Para eliminar la cuota tendría que reponer los ingresos que genera la misma  con una asignación especial de $42 millones provenientes del fondo general del presupuesto estatal, reduciendo su capacidad de generar fondos propios y aumentando en esa misma medida su dependencia de los ingresos del Gobierno, dos de los motivos señalados para degradar a chatarra la deuda universitaria.

Si se tiene en cuenta que la gran mayoría de los estudiantes universitarios no han sido perjudicados con la cuota a la luz de un aumento de $1,100 anuales en lo que reciben de Beca Pell a partir del 2010   y la asignación de $30 millones adicionales por la Legislatura para becas dirigidas a  sufragar la cuota, se evidencia el propósito puramente politiquero de la promesa de campaña y por ende  como sería completamente contraproducente para la Universidad  cumplir con ella. A dos días de la degradación, AGP se reafirmó  en que “devolverá los fondos que se le quitaron” a la UPR para que se pueda derogar la cuota. Se refiere al aumento de .75% de los recaudos del IVU que se quitaron al fondo general y se le asignaron a COFINA ( un fondo para  amortizar de la deuda extra-constitucional) bajo la Ley 7, de los cuales 9.6% iban a la UPR. Lo que  fue clave en mejorar la calidad de los bonos COFINA, así como   los bonos de obligación general  del gobierno central y  conllevó un ahorro de $ 300 millones para el fondo general en pagos de intereses  y $30 millones de fondos adicionales para la Universidad.

Devolverle lo correspondiente a lo asignado a COFINA (.096 x .0075 de los recaudos del IVU o  apenas $815,428) a la UPR se queda corto por $41.2 millones para compensar por la eliminación de la cuota. Conllevando que dicha insuficiencia tenga que ser cubierta con recaudos del fondo general. A la luz de la degradación varios días antes por Moody’s, de los bonos de obligación general del gobierno central a punto de chatarra,  aceleraría la degradación a chatarra  de estos últimos  y los de la Universidad, con consecuencias catastróficas para todos.