lunes, 5 de noviembre de 2012

3 millones de hispanos sin derecho al voto y la paradoja política de Estados Unidos y Puerto Rico



Cuando el próximo 6 de noviembre los ciudadanos de los Estados Unidos tengan la oportunidad de votar por el Presidente, habrán unos 3 millones (3,690,923) de ciudadanos hispanos a los cuales les estará expresamente prohibido participar en ese proceso electoral. Una paradoja cruel si se toma en cuenta que los Estados Unidos adoptaron la Democracia y la Libertad como principios rectores de la nación, en su Declaración de Independencia de 1776, y en su Constitución, aprobada en 1787

Mientras a estos ciudadanos les es vedada la participación en este evento esencial del sistema democrático, el voto de 24.7 millones de hispanos (un 11 por ciento de la totalidad de electores inscritos) puede ser decisivo en el resultado final de estas elecciones, como lo fue en las anteriores, cuando Barack Obama fue electo presidente. Tan reciente como el pasado 18 de octubre, en un reportaje publicado en el New York Times por Adam Nagourney y Fernanda Santos, se describieron los esfuerzos por la captación del voto hispano en los estados de Colorado, Florida y Nevada. 

Concretamente, los ciudadanos americanos de origen nacional puertorriqueño, o de cualquier otro origen nacional o étnico, que residan en Puerto Rico, no tienen derecho a votar para elegir al presidente, ni a tener representación en el Congreso proporcional a la población de la Isla.

Es paradójica la situación de los ciudadanos residentes en Puerto Rico dado el hecho de que, tras la Isla ser adquirida de España en 1898 por los Estados Unidos, con la aprobación en 1917 de la Ley Jones le fue “concedida” a todas las personas nacidas en la Isla la ciudadanía americana. 

Es decir, la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños fue impuesta por los propios Estados Unidos. Por otro lado, y para añadir elementos a este juego de paradojas, con el paso del tiempo, no solo fue aceptada por los puertorriqueños, sino protegida como elemento fundamental de su relación política con esa nación.

Faro en el Castillo San Felipe del Morro construido
por el Ejército de Estados Unidos (Foto por Eric Alvarez) 
Los historiadores han señalado que la Ley Jones fue aprobada con miras a poder reclutar a los puertorriqueños en las fuerzas militares de los Estados Unidos. La evidencia apunta a que están en lo correcto. Desde el 1917 más de 200,000 ciudadanos norteamericanos de Puerto Rico han servido en todas las guerras en las cuales los Estados Unidos se han involucrado, de conformidad con datos provistos por la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés)


Lo cierto es que la paradoja de la negación del derecho al voto a los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico surge del hecho de que la Isla es una colonia, un territorio bajo la jurisdicción del Congreso de los Estados Unidos, y por ende, no le son reconocidos los mismos derechos que a un estado de la Unión, aunque le son aplicables la mayoría —si no todas— las leyes aprobadas por ese cuerpo.

Tras 114 años de sujeción al Congreso norteamericano, el resultado concreto es que las instituciones políticas y administrativas en Puerto Rico siguen el modelo estadounidense; la economía está estrechamente vinculada a la de la metrópolis; el gobierno local depende sustancialmente de la inyección de transferencias del presupuesto federal; y toda la estructura de asistencia a la población, incluyendo el seguro social, está montada sobre las agencias federales.

Sería mezquino no reconocer que la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, aun a pesar de su carácter colonial, le permitió alcanzar unos niveles importantes de crecimiento económico y de modernización durante el siglo 20, mayores a los obtenidos por sus vecinos en Suramérica y el Caribe.

Sin embargo, el modelo económico que permitió esos avances, basado en exenciones contributivas, dispuestas tanto por el Código de Rentas Internas federal como por leyes locales, comenzó a hacer crisis de los años ’70 en adelante.

En la actualidad Puerto Rico sufre una seria crisis económica y presupuestaria producto, en gran medida, de la negativa a reducir gradualmente el tamaño del aparato gubernamental, y la falta de iniciativas concretas dirigidas a la adopción de un nuevo modelo económico, por parte de las administraciones del 2000 al 2008, de los gobernadores Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, ambos por el Partido Popular Democrático (PPD, propulsor de la permanencia de la presente relación colonial).

Esta crisis se agrava como producto de que los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico no pueden participar efectivamente en la toma de las decisiones que les afectan, y no tienen acceso, en igualdad de condiciones a las del resto de los ciudadanos norteamericanos, a los beneficios y obligaciones de ser parte de la federación. No se vislumbra que la economía logre tomar un rumbo sólido y definitivo, a pesar de los esfuerzos realizados por la presente administración del gobernador Luis Fortuño (PNP, propulsor de la integración política de Puerto Rico a los Estados Unidos),  debido al impacto que tendrán los próximos recortes en las asignaciones del presupuesto federal, estimados en 500 millones de dólares, los cuales serían menores si la Isla fuera un estado.

Al respecto, resultan de interés los datos ofrecidos por el profesor universitario Jaime Benson sobre el positivo impacto económico de la Estadidad para Puerto Rico. En un artículo publicado en el periódico El Vocero, el Profesor Benson señala importantes renglones sociales y económicos que serían favorecidos de la Isla ser un estado, e invita a rechazar el presente estatus colonial, así como a respaldar la Estadidad como solución definitiva a este dilema histórico entre Puerto Rico y los Estados Unidos.

El gobierno de Puerto Rico ha pautado para el próximo 6 de noviembre la celebración de una “Consulta de Estatus”, conjuntamente con las elecciones generales que se llevan a cabo para escoger su Gobernador, su Comisionado ante el Congreso (un representante sin derecho a voto y de limitado peso político) y los legisladores locales.

La “consulta” fue diseñada tomando en cuenta el Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico , dado a conocer por la administración del presidente Barack Obama en marzo de 2011. 


Esta última opción implica por necesidad jurídica, aunque muy pocos hayan hablado de ello en Puerto Rico, el traspaso de la soberanía política del Congreso a la Isla, es decir su constitución previa en república independiente, y la eventual adopción de un acuerdo de relación con los Estados Unidos, cuyos contornos realmente nadie tiene claros.

Por otro lado, analistas y comentaristas de la política isleña entienden que las dificultades jurídicas para su implantación terminarán manteniendo vigente el actual sistema colonial. Con ello en mente, individuos que no creen en dar fin a la presente relación colonial y territorial, y con agendas políticas dirigidas a su posicionamiento para futuras posiciones de poder en el PPD, se han expresado, recientemente, y prácticamente a horas de la consulta, a favor del llamado “Estado Libre Asociado Soberano”.

Los puertorriqueños tienen la obligación ineludible de decidir, conscientes de que tras su decisión, no importa cual ésta sea, las tareas de saneamiento y reconstrucción de la sociedad puertorriqueña en los ámbitos económicos, sociales, culturales, y de convivencia democrática, habrán de tomar, posiblemente, cerca de 20 años antes de que se vean sus frutos. Sin embargo, esta es la única manera de finalizar el estancamiento histórico de Puerto Rico. El inadmisible estancamiento en el debate sobre su relación política con los Estados Unidos.

Estancamiento que —de manera paradójica de nuevo— ha sido mantenido por los propios puertorriqueños y por la renuencia de los Estados Unidos a resolver definitivamente este asunto. El profesor universitario Carlos Pabón criticó los efectos de esta patética dinámica destacando el hecho de que, mientras la discusión política sigue determinada por la dilucidación de la condición colonial, las formaciones políticas no proponen alternativas viables a los problemas concretos de la sociedad, y la política misma se centra casi de manera exclusiva en este asunto. (1) 

En el contexto de todo lo expuesto hasta aquí, Estados Unidos tiene el reto de actuar y dar fin a la “última colonia del mundo”. Es hora de que Puerto Rico y los Estados Unidos culminen, de una vez por todas, el juego circular de las paradojas, y se permita que en un futuro cercano los 3 millones de ciudadanos americanos, nacidos y residentes en Puerto Rico, en su abrumadora mayoría hispanos, junto a todos aquellos ciudadanos que habitan la Isla, puedan participar democráticamente en la elección de sus gobernantes a nivel federal, y recibir, en igualdad de condiciones y responsabilidades, los beneficios concomitantes a su ciudadanía. Tal solución implica necesariamente la aceptación de Puerto Rico como estado de la Unión. En caso contrario, entonces cada parte debe tomar su propio camino, y adoptar los acuerdos de colaboración que sean pertinentes desde la Independencia plena de Puerto Rico.

Lo absurdo, el fracaso histórico, sería que los puertorriqueños voten en la consulta, a todos los fines prácticos, y para beneplácito de determinados poderes en la metrópolis, y en la propia Isla, por mantener el presente y circular lodazal que no conduce a ningún otro sitio, sino a la permanencia y empeoramiento de las mismas condiciones actuales, y al fracaso de la política internacional de los Estados Unidos en una zona de importancia estratégica como lo es la cuenca del Caribe. Con el triste agravante de que no sería la primera vez, y en este caso, a costa del bienestar y el futuro de una sociedad sumida en una desesperante crisis.

Nota:

(1) En un comentario a su propio artículo el profesor Carlos Pabón señala:
Un par de aclaraciones ante varios comentarios: Mi postura no equivale a ignorar "la realidad de la cuestión del "status". Se trata de: (1) proponer que el status que deje de ser el "black hole" que se traga todo lo político y la política en PR; (2) reconocer que las elecciones generles no son plebiscitarias; (3) reconocer que el "staus" define falsamente las diferencias "ideológicas" del país ("izquierda=independentista/soberanistas; "derecha"=estadistas"; "centro=ELA; y bloquea así otos posibles imaginarios alternos que no encajan en esta lógica; (4) que se puede articular un espacio político diferente al que define el status, un espacio transversal, que define lo político a partir de cuestiones sociales, económicas, y política y culturales que podemos llamar (por poner algún nombre) "progresista", de "izquierda", "alterno", "democrático-radical"; (5) que el llamdo "voto útil" contribuye a bloquear esta posibildad ya que se basa fundamentalmente en criterios "ideológicos" del "status"; (6) que el PPT, no empece las diferencias que tengo con este partido, abre una posiblidad para articular ese imaginario político "democrático-radical"; (6) que se puede y debe atender la cuestión del "status" de una forma que no sea lo fundamental ni lo que defina lo polítco y la política en PR; con discusiones y mecanismos que rompan la lógica tradicional de este asunto y que estén en correspondencia con los tiempos que corren.