Gobernar y sonreír (los juegos políticos, el neonacionalismo y la crisis de Puerto Rico)

Gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padillla, foto cortesía de El Vocero,  
realizada por Sebastián Márquez. 26 de febrero de 2013.

(El escrito a continuación es una versión revisada, y actualizada, del original que fuera publicado en el Quantum el pasado 28 de febrero de 2013.)

"Cuando no tengas nada que decir" —le dijo Amanda a Nikita— "simplemente sonríe". Esas, más o menos, fueron las palabras con las que Amanda aconsejó al personaje principal de un filme franco italiano de los años '90.

Tal parece que el señor gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, ha recibido el mismo consejo por parte de sus asesores ante la carencia de nuevas alternativas frente a la crisis económica de la isla, tanto de su parte, como principal funcionario electo, como de los legisladores de la organización que preside, el Partido Popular Democrático (PPD), formación política que pretende mantener la presente relación colonial con los Estados Unidos, y ejerce actualmente la administración gubernamental.

García Padilla luce estar atascado en el denso pantano de los discursos y la tónica populista de su campaña electoral, por un lado, y las obligaciones concretas de su cargo, en el contexto de la realidad presente de la isla, por el otro.

Mientras resbala en esa ciénaga de poses asumidas, y responsabilidades ineludibles, está a merced de los predadores de su propio partido, los cuales aspiran a ocupar su puesto en el futuro, a pesar de que padecen del mismo mal: no tienen idea alguna de cómo manejar la crisis definitiva del modelo colonial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Ante estas señales políticamente escalofriantes, es pertinente examinar las condiciones, así como las fuerzas y jugadas políticas, que hicieron posible la elección del señor García Padilla como gobernador.

García Padilla llegó al poder gracias, en primer lugar, a una división provocada por un caudillismo trasnochado en el seno del anterior partido gobernante, el Partido Nuevo Progresista (PNP). En el interior de esta formación política, —la cual propulsa la integración política y jurídica plena a los Estados Unidos como solución al presente estado colonial de Puerto Rico—, se mantenían vivas las diferencias, y los resentimientos, como producto de las primarias del año 2008 para la selección del candidato a gobernador, entre Pedro Rosselló y Luis Fortuño, quien resultó vencedor.

Se ha señalado con insistencia que gran parte de la militancia "dura" del PNP, la cual apoyó a Pedro Rosselló en las primarias del 2008, no acudió a las urnas en el 2012 con el propósito de restarle votos, al entonces gobernador, Luis Fortuño.

A lo anterior se sumó el rechazo de un sector del electorado a las necesarias medidas de ajuste fiscal que este último se vio obligado a tomar, ante el grave déficit presupuestario gubernamental, y las advertencias de las agencias clasificadoras referentes a la asignación de un rango de alto riesgo ("chatarra") a los bonos emitidos por el gobierno isleño, las corporaciones públicas y los municipios.

Por otro lado, García Padilla se agenció el respaldo electoral de sectores del nacionalismo (léase, si desea, "independentismo"), y de una mal llamada "izquierda" (provinciana y estancada en el pasado) haciendo uso de una retórica de ataques viscerales, dirigidos al gobernador Fortuño, sobre las medidas fiscales y presupuestarias adoptadas por éste, y de un discurso populista basado en el neonacionalismo boricua. 

Un nacionalismo "light", como lo llamara el profesor Carlos Pabón Ortega en su importante libro "Nación Postmortem", y que además fuera objeto de reflexión, como “nación del espectáculo”, por el profesor Arturo Torrecilla en su intenso trabajo “La ansiedad de ser puertorriqueño”, el primero publicado en el año 2002 y el segundo en el 2004. 

En un "deja vu" existencial e histórico de la política isleña y colonial, estos sectores esgrimieron el argumento nuevamente de que debía ejercerse un "voto útil" a favor del PPD, y que la prioridad era "sacar a Fortuño". Es decir, arguyeron e hicieron exactamente lo mismo que en 1980, 1984, y 1988, cuando favorecieron al conservador y enredador Rafael Hernández Colón; lo mismo que en el 1992, cuando apoyaron con desesperación a la senadora Victoria Muñoz; lo mismo que en el 1996, cuando cerraron filas con el abogado y oficial de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos, Hector Luis Acevedo; lo mismo que en el año 2000, cuando respaldaron a Sila Calderón, una clara representante de la oligarquía criolla; lo mismo que en el 2004, cuando le dieron su voto a Aníbal Acevedo Vilá, un truculento abogado dedicado a la política prácticamente desde que se licenció para el ejercicio de su profesión; lo mismo que en el 2008, cuando optaron por ser parte nuevamente de las huestes que, —a pesar de que era evidente que Acevedo Vilá había violado, desde los comicios del año 2000, las leyes electorales de Puerto Rico y Estados Unidos—, votarían a favor de aquél contra Luis Fortuño, quien, a su vez, le propinó una derrota aplastante; y finalmente hicieron lo mismo cuando en el 2012 respaldaron a García Padilla frente a este último, contribuyendo a una pírrica victoria del actual gobernador con una escuálida ventaja de 11, 285 votos.

El "voto útil", por otra parte, ha terminado apoyando la condición colonial de la Isla a través del respaldo al PPD con miras a “detener la estadidad”. Este argumento surgió en los años ’80 del siglo pasado, a raíz del llamado que hiciera el Partido Socialista Puertorriqueño, bajo el liderato de Juan Mari Bras y Carlos Gallisá Bisbal, a votar para detener una presunta “conspiración anexionista”, lo cual conllevaba necesariamente —sin que se expresara directamente— respaldar la candidatura de Rafael Hernández Colón (del PPD) para gobernador. A partir de ese momento comenzó el tránsito de un amplio sector del independentismo al PPD, y el debilitamiento de todas las organizaciones independentistas.

El "voto útil", además, ha tenido el efecto de apoyar a la oligarquía que controla la isla la cual, no obstante, es consciente de la inestabilidad, la ausencia de recursos, y las dificultades para la atracción de capital extranjero, que plantearía la conversión de Puerto Rico en una república. 

El "voto útil" es una ratificación, cada cuatro años, de la lealtad al colonialista Partido Popular Democrático, que realmente no le produce votantes adicionales. Esto último porque se trata, principalmente, de unos sectores movidos por un nacionalismo inconsecuente que, para todos los efectos, forman parte de su base electoral desde la década de los '80 del siglo pasado. Cada cuatro años tendrán una razón u otra para votar bajo esa formación política. Y así continuarán, por el resto de sus días, mientras no se resuelva el dilema colonial de Puerto Rico.

Durante las últimas campañas electorales (2004, 2008, y 2012) el PPD ha hecho énfasis en discursos populistas y neonacionalistas en un intento de atraer los votos de sectores del nacionalismo, y de la izquierda isleña, que aún no han hecho su acto bautismal de ingreso a la masa electoral de ese partido mediante el "voto útil". Lo cierto es que el PPD apuesta cada cuatro años a este sector como su retaguardia política, ante el hecho de que la base electoral del PNP es mucho mayor que la suya, si no está dividida por las luchas de poder en su interior.

El problema que le plantean estas campañas al PPD es que promueven unos discursos populistas, que luego son utilizados contra los propios candidatos ganadores, como ha sido el caso de García Padilla, a manera de chantaje, en la selección de funcionarios de la administración, o en las medidas concretas a ser tomadas como gobernante. Es por eso que señalé previamente que el señor gobernador está inmerso en un lodazal; en sus manos está salir del atascamiento, adoptando aquellas medidas necesarias en la presente situación de la isla, sin juegos retóricos, mediante medidas oportunas que permitan una transformación gradual pero efectiva de una economía basada en el estatismo  y respetando la voluntad democrática y anticolonialista de la ciudadanía.

Voluntad, esta última, que fue contundentemente expresada en la consulta sobre las preferencias del electorado en cuanto a la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, llevada a cabo conjuntamente con las elecciones de noviembre de 2012, para escoger al gobernador, y otros funcionarios.

En éstas se rechazó el presente arreglo de carácter colonial, y resultó victoriosa la opción de la Estadidad (como indiqué anteriormente, la integración política y jurídica plena de Puerto Rico a los Estados Unidos, y no parcial, como ocurre en el presente), frente a la Independencia (la constitución de una república independiente), y frente al llamado Estado Libre Asociado Soberano, una alternativa carente de definición y contornos concretos en cuanto a la relación de la isla con la metrópolis.

Aunque los resultados de esta consulta pretenden ser distorsionados y eludidos por el PPD, éstos no pueden ni deben ser obviados por el señor gobernador García Padilla al momento de considerar el problema del "estatus", es decir, de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. 

Ante la debacle del modelo colonial de Puerto Rico, se hacen necesarias decisiones firmes, y voluntad sincera, para impulsar cambios sustanciales. El récord del gobernador en ese sentido no es prometedor. Desafortunadamente, tras llegar a la gobernación, García Padilla no asumió su rol de "jefe de Estado" con prontitud, ni comunicó con claridad la política pública de su administración sobre importantes asuntos que requerían atención urgente. 

El flamante gobernador, por el contrario, se dedicó a realizar una serie de manifestaciones populistas —llegó a señalar la posibilidad de no honrar los bonos emitidos por Puerto Rico, pues "no gobernaría para los bonistas"— las cuales constituían invitaciones directas para que, de una buena vez, se clasificara a Puerto Rico como una zona de alto riesgo para inversión, y se produjera definitivamente la degradación de sus bonos, con todo lo que ello planteaba, y plantea aún, para la maltrecha economía colonial.

Más específicamente, no resultaron auspiciosas, en modo alguno, las expresiones y gestos del gobernador frente a su primer gran “issue”: la firma y ratificación del acuerdo con el sector privado, adoptado por el gobierno anterior, y cuyo objetivo era dar solución a la crisis financiera de la Autoridad de Puertos, y de la operación del aeropuerto "internacional" Luis Muñoz Marín, el principal de la isla. 

García Padilla intentó mantener su imagen de nuevo líder populista durante todo el período previo a la ratificación del acuerdo. Como parte de ese juego con la percepción pública, le aseguró "al país" que desharía el contrato con la empresa privada a la que se le había otorgado la operación del aeropuerto.

Concretamente, sin ninguna prudencia desde la perspectiva legal o política, el señor gobernador amenazó con rescindir un acuerdo bajo el cual se pagarían "al país" 600 millones de dólares, necesarios para pagar una deuda de 900 millones de la Autoridad de Puertos con el Banco Gubernamental de Fomento, una institución esencialmente descapitalizada.  Este pago, de hecho, se produciría de inmediato tras la firma finalmente del contrato.

Antes de su comparecencia pública del 26 de febrero de 2013, García Padilla se pasó unos días en Washington, D.C. Es posible que allí los asesores de Casa Blanca le indicaran que el Presidente Barack Obama no desautorizaría a la Federal Aviation Administration (FAA), la cual ya había aprobado la transacción, para apoyar su envalentonamiento; y que, como producto del secuestro o confiscación fiscal, no podría contar ampliamente con el presupuesto federal, además de que, a esa fecha, el aeropuerto Luis Muñoz Marín estaba incluido entre los que sufrirían recortes operacionales drásticos a partir del 1 de marzo.

Para sorpresa de muchos, al llegar a Puerto Rico, y presentarse ante la prensa una hora más tarde de lo anunciado, García Padilla hizo algunas manifestaciones inconsecuentes, con el inocuo objetivo de distinguirse del gobernador anterior, y finalmente anunció, con todo el dramatismo y apariencia de severidad necesarios, y a pesar de todas sus manifestaciones previas, la determinación de que ¡se habría de firmar el contrato! Luego de ello, sonrió ante las diferentes preguntas de la prensa.

A pesar de que tanto la conducta como las decisiones de García Padilla han sido erráticas, así como sumamente preocupantes desde la perspectiva de política pública, el reto de todos los sectores —particularmente de aquellos que no coincidimos ideológicamente con el PPD, ni apoyamos el colonialismo—,  es promover una discusión pública honesta, seria, y franca, aunque sin dejar de ser crítica, sobre las diferentes medidas necesarias para intentar sacar a Puerto Rico de su crisis económica y fiscal.

Debe producirse tanto la colaboración crítica, como la denuncia, cuando ello sea necesario, lo cual, a su vez, ha de requerir flexibilidad, respeto a la disidencia, y apertura al consenso, por parte de la administración de García Padilla.

Lo correcto, en suma, es rechazar las garatas vacuas, y específicamente, los ataques originados en intereses estrechos, tanto partidistas como sectoriales, con el propósito de hundir las propuestas que puedan surgir en el camino, como si fueran buques en las guerras navales de quienes juegan a la política en Puerto Rico, a costa de la ciudadanía, a costa del pueblo puertorriqueño.

Esta postura es la misma que asumí en el pasado, —desde otra perspectiva, desde luego—, ante los esfuerzos de la administración del gobernador Luis Fortuño. Respecto a éstos insistí —con muchas otras personas— en la necesidad de trascender los intereses políticos estrechos, y generar una concertación social para enfrentar la crisis fiscal y económica. La realidad, sin embargo, y como ya sabemos, fue otra.

Sus medidas y propuestas fueron torpedeadas, y objeto de un rechazo irracional y constante, por éste ser un gobernante estadista; por la ignorancia de los sectores opositores de prácticamente todo lo referente al funcionamiento de las finanzas del gobierno, y a la economía en general; y peor aún, como consecuencia de la demagogia de quienes, a pesar de ser conscientes de que su programa era razonable, en el marco de las dificultades y circunstancias que venía llamado a enfrentar, se dedicaron de manera militante a obstaculizar su administración. Sectores, estos últimos, encabezados por la oligarquía criolla que controla los medios de comunicación, las finanzas y otras actividades económicas esenciales en la isla.

Por su parte, los sectores que apoyaron a García Padilla con el “voto útil”, aquellos que desde su propio campo ideológico hoy se le enfrentan, y los presuntos radicales de siempre, son los mismos que rechazaron, durante la administración Fortuño, la discusión racional de la grave situación que enfrentaba, y sigue enfrentando, la sociedad puertorriqueña. Estos sectores deberían indicar hoy, con toda claridad, cuáles son sus alternativas concretas ante la crisis fiscal y económica de Puerto Rico.

García Padilla se enfrentará durante los próximos cuatro años a duras y diversas disyuntivas. La primera de ellas la plantea la caótica situación económica, y el hecho de que, para enderezar el rumbo, inevitablemente se tendrán que tomar medidas impopulares. Ello, de inmediato, entrará en contradicción con los discursos de su campaña electoral. 

Como Damocles, tendrá sobre sí la espada del pequeño monstruo del populismo neonacionalista que promovió en sus discursos durante su campaña; un engendro que aspira a maniatar y mantener confiscado al gobierno, mediante el chantaje electoralista. Este sector acechará a García Padilla y su administración, recordándole sus discursos de campaña, e intentado generar situaciones que le coloquen ante el dilema de tener que comprometerse más aún con el discurso populista y antiamericano. 

La segunda de ellas vendrá del interior de su propio partido que, a pesar de la irracionalidad evidente de sus posiciones, seguirá insistiendo en el oportunismo de los discursos populistas. En este flanco, el señor gobernador tendrá que enfrentar, a su vez, a los elementos que aspiran a sustituirle tan temprano como en las elecciones del año 2016.

En consecuencia, Puerto Rico está bajo la amenaza de una administración gubernamental ambivalente, sin un norte definido, y secuestrada por los efectos de la demagogia electoralista de sus gobernantes. Ante la crisis en la isla, la pregunta es si García Padilla tendrá el valor político de adoptar medidas antipáticas para la ciudadanía, —sin importarle el impacto electoral que puedan tener—, cuando venga obligado a hacerlo. 

Frente a todas estas disyuntivas, y situaciones políticas, el señor gobernador podrá adoptar posiciones firmes, a tenor con la seriedad de la crisis histórica que atraviesa Puerto Rico, siendo consciente, además, de que los resultados de la consulta plebiscitaria, conforme a los cuales fue rechazada la actual relación colonial con los Estados Unidos, y fue respaldada la estadidad como solución, no podrán ser borrados por actos de magia retórica.

O como Nikita, podrá sencillamente sonreír...