Puerto Rico: Reflexiones en torno a su crisis
(Como es sabido, este próximo 25 de julio se cumplen 60 años de la constitución oficial del Estado Libre Asociado, el esquema político colonial bajo el cual Puerto Rico ha sido gobernado, tanto con importantes logros como con terribles fracasos. He colocado en las páginas de Facebook un interesante artículo del profesor Jaime Benson sobre este tema, publicado en el periódico El Vocero del día de hoy. —El artículo se puede acceder marcando la oración anterior.— Por mi parte, y por el momento, me parece que el presente artículo, pensado y publicado en el Quantum hace un par de años para la misma fecha, no ha perdido pertinencia ante la presente situación de Puerto Rico, y lo someto con todo respeto a la consideración de los lectores del Quantum de la Cuneta. Espero poder presentar reflexiones adicionales sobre este asunto en los próximos días. ¡Hay tanto que decir, hay tanto que desenmarañar!)
A dos días de haberse celebrado la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el 25 de julio de 1952 —hace 58 años para ser específicos— acción mediante la cual se pretendió darle a la condición colonial de la Isla un baño de legalidad ante el Derecho Internacional, no se puede decir otra cosa que no sea que este evento pasó "sin pena ni gloria".
Desde luego, siempre podríamos dedicar tiempo a las ejecutorias de políticos de poca monta y de ambiciosas aspiraciones electorales —¡a dos años y cuatro meses de las próximas elecciones!— en los actos de la efeméride de marras. Mi idea del "día después", sin embargo, es distinta.
A sus 58 años, el ELA, nombre oficial de Puerto Rico, se encuentra sumido en una profunda y desesperante crisis económica, social y política, que podría llevar a esta isla, que no es sino una colonia de los Estados Unidos, es decir, un territorio bajo jurisdicción norteamericana, a una situación de total ingobernabilidad.(1)
Lo cierto es que al llegar a Fortaleza (2), en enero del 2009, el campo de acción del gobernador Luis Fortuño era extremadamente limitado; tenía un espacio político sumamente estrecho para poder maniobrar frente a la crisis del gobierno y de la economía. En ese contexto, es necesario reconocer que antes de proceder con los despidos de empleados públicos, que fue una de las medidas adoptadas finalmente para la reducción del gobierno, la administración le propuso a los sindicatos de empleados públicos la adopción de un plan de reducciones de beneficios y otras medidas para evitar los despidos (El Nuevo Día.com.) Las propuestas fueron rechazadas tajantemente por el liderato sindical.
En ese sentido, la situación de los despidos fue propiciada y forzada por los propios sindicatos de empleados públicos con el interés primordial de colocar al gobierno de Fortuño en una posición de crisis, apenas comenzando su administración, profundizar el desasosiego social, y detener el avance de las fuerzas estadoistas en la Isla, tras el resultado de las elecciones celebradas en el año 2008. La agenda política prevaleció, en lugar de la defensa de los mejores intereses de las matrículas de los sindicatos, bajo las circunstancias objetivas de la crisis. Para algunos se trataba de detener el avance estadoista. Para otros, provocar la crisis social que permitiera la derrota del capital y, tal vez, la repetición de la Comuna de París.
Es interesante, sin embargo, que en medio de esta grave crisis, Federico Torres Montalvo, uno de los prinicipales líderes sindicales de empleados públicos y quien rechazó abierta y decididamente las propuestas de la administración Fortuño, negociara con la Autoridad de Edificios Públicos recientemente un acuerdo de reducciones de beneficios para retener los empleos en esa agencia. ¿Cómo se explica un cambio tan drástico de estrategia?
En la euforía de la celebración de la efemeride mentada al principio de este artículo, los líderes del Partido Popular Democrático, responsabilizaron al presente gobierno de la actual crisis del país. Una posición similar es propulsada por los menguantes sectores a la "izquierda" del PPD. Un análisis sereno y serio, sin embargo, debería identificar los vientos que trajeron estas tempestades.
Esos vientos tormentosos apuntan, entre otros elementos: 1) a la política económica y a la manera en que fueron utilizados por las administraciones de Rafael Hernández Colón de 1984 a 1992, los fondos generados en Puerto Rico por las empresas acogidas a la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal; 2) a los efectos de la política de emisión de deuda para, desde el punto de vista keynesiano —con el cual tanto simpatiza la izquierda—, asumir el riesgo de estimular la economía mediante el desarrollo de obras de infraestructura durante la década del '90, ello bajo la administración del Dr. Pedro Rosselló, y; 3) a la inacción total de las administraciones de Sila Calderón y de Aníbal Acevedo Vilá, limitadas a mantener el gobierno gigantista como fuente de empleo, lo cual provocó el déficit gubernamental sin precedentes identificado a fines del año 2008 y principios del 2009.
Por otro lado, los 58 años del ELA nos dejan, como parte de la crisis, la existencia de una industria del narcotráfico la cual muchos sostienen que extiende sus tentáculos hasta las diferentes ramas de gobierno y el mundo empresarial. Nos deja, además, una grave crisis de civilidad en todos los planos de la sociedad puertorriqueña, en los que prevalece la violencia como elemento constante en las relaciones sociales y aun en el discurso y accionar político. Nos deja una sociedad que sufre de una crisis en la calidad de los servicios de salud que se ofrecen a la población, en particular a los sectores indigentes.
Ante este cuadro, las diferentes formaciones políticas, el sector sindical, las organizaciones y entidades no gubernamentales, los sectores empresariales y el gobierno no han logrado alcanzar, y no se vislumbra que ello ocurra en el futuro inmediato, parámetros y criterios que permitan adoptar una dirección clara, con un proyecto común como sociedad, frente a la crisis existente.
Los intereses estrechos de cada sector, los dogmatismos y los prejuicios, militan contra la adopción de un proyecto de sociedad en su conjunto dirigido a conjurar el maleficio de la presente crisis. En gran medida la discusión de los asuntos públicos termina en distorsiones y desenfoques como producto de no haberse resuelto, ya de una vez, el problema colonial de la Isla.
La distorsión y el sectarismo cobra vida a través de los diferentes partidos políticos, organizados a base de las opciones ante el problema colonial: el mantenimiento de la relación colonial presente (PPD); la integración política y jurídica de manera total a los Estados Unidos (PNP); o la república independiente (independentistas de diferentes denominaciones). (3)
Como en el caso de todo sectarismo, la aceptación o rechazo a las actuaciones de las administraciones de gobierno, así como los análisis o las propuestas individuales frente a determinados problemas, están condicionados a la afiliación partidista en este circo colonial de tres pistas. Es evidente, por ello, la necesidad urgente de atender y resolver el problema de la relación colonial de la Isla con los Estados Unidos.
A 58 años del ELA, un sector que se opone con tenacidad a la superación del estado colonial, y promueve el inmovilismo en este asunto, es cierta oligarquía criolla compuesta, en parte, por abolengos que pueden trazarse, en diversos casos, a la época del colonialismo español sobre la Isla. Esta oligarquía está involucrada en diferentes actividades económicas, sobre todo en el sector financiero, y controlan o ejercen gran influencia sobre instituciones cívicas y culturales del país, en las que manifiestan una extraña simbiosis de hispanofilia y pitiyanquismo. Al mismo tiempo, completan este cuadro esquizofrénico con un nacionalismo costumbrista que añora los tiempos de las carretas, los bueyes, y los jíbaros, como quien recuerda su pasado de gran hacendado en una economía semifeudal.
Al cabo de 58 años, el ELA, una fórmula de relación política colonial con los Estados Unidos que permitió grandes logros y avances, al igual que produjo extraordinarios fracasos, es un modelo agotado e inservible con el cual no puede pretenderse enfrentar la presente crisis de Puerto Rico, los grandes retos existentes en la economía regional y global, ni los graves problemas que amenazan al mundo del que de una manera u otra formamos parte. Lo idóneo, acabar de enterrarlo, es sólo una de varias medidas a tomar.
El reto mayor, sea en la Independencia o en la Estadidad, será la reconstrucción de la sociedad de Puerto Rico, tanto en lo económico, como en sus niveles de calidad de vida, y de convivencia cívica y democrática. Para ello se requerirán vastos recursos económicos, pero sobre todo la voluntad de acción de la propia ciudadanía. Sencillamente es hora de asumir responsabilidad por las propias decisiones y actos.
En ese sentido, no vendría nada mal superar esa antigua y desagradable costumbre de la sociedad boricua de responsabilizar de sus errores y de sus problemas al otro, a un tercero, generalmente al "americano".
Notas:
1. La condición colonial de Puerto Rico surge del hecho, desde la perspectiva del estadoismo, de que los puertorriqueños, que son ciudadanos norteamericanos por virtud de la Ley Jones de 1917, no pueden participar en la elección del presidente ni tienen participación plena, con voz y voto en el Congreso de los Estados Unidos. Por otro lado, desde la perspectiva del independentismo, Puerto Rico carece de los poderes fundamentales de una nación constituída en su propio Estado soberano, ya que estos poderes permanecen bajo el poder del Congreso de los Estados Unidos. Desde ambas perspectivas ideológicas, el ELA no es sino una colonia, lo que viola derechos democráticos fundamentales a los puertorriqueños.
Por otro lado, los 58 años del ELA nos dejan, como parte de la crisis, la existencia de una industria del narcotráfico la cual muchos sostienen que extiende sus tentáculos hasta las diferentes ramas de gobierno y el mundo empresarial. Nos deja, además, una grave crisis de civilidad en todos los planos de la sociedad puertorriqueña, en los que prevalece la violencia como elemento constante en las relaciones sociales y aun en el discurso y accionar político. Nos deja una sociedad que sufre de una crisis en la calidad de los servicios de salud que se ofrecen a la población, en particular a los sectores indigentes.
Ante este cuadro, las diferentes formaciones políticas, el sector sindical, las organizaciones y entidades no gubernamentales, los sectores empresariales y el gobierno no han logrado alcanzar, y no se vislumbra que ello ocurra en el futuro inmediato, parámetros y criterios que permitan adoptar una dirección clara, con un proyecto común como sociedad, frente a la crisis existente.
Los intereses estrechos de cada sector, los dogmatismos y los prejuicios, militan contra la adopción de un proyecto de sociedad en su conjunto dirigido a conjurar el maleficio de la presente crisis. En gran medida la discusión de los asuntos públicos termina en distorsiones y desenfoques como producto de no haberse resuelto, ya de una vez, el problema colonial de la Isla.
La distorsión y el sectarismo cobra vida a través de los diferentes partidos políticos, organizados a base de las opciones ante el problema colonial: el mantenimiento de la relación colonial presente (PPD); la integración política y jurídica de manera total a los Estados Unidos (PNP); o la república independiente (independentistas de diferentes denominaciones). (3)
Como en el caso de todo sectarismo, la aceptación o rechazo a las actuaciones de las administraciones de gobierno, así como los análisis o las propuestas individuales frente a determinados problemas, están condicionados a la afiliación partidista en este circo colonial de tres pistas. Es evidente, por ello, la necesidad urgente de atender y resolver el problema de la relación colonial de la Isla con los Estados Unidos.
A 58 años del ELA, un sector que se opone con tenacidad a la superación del estado colonial, y promueve el inmovilismo en este asunto, es cierta oligarquía criolla compuesta, en parte, por abolengos que pueden trazarse, en diversos casos, a la época del colonialismo español sobre la Isla. Esta oligarquía está involucrada en diferentes actividades económicas, sobre todo en el sector financiero, y controlan o ejercen gran influencia sobre instituciones cívicas y culturales del país, en las que manifiestan una extraña simbiosis de hispanofilia y pitiyanquismo. Al mismo tiempo, completan este cuadro esquizofrénico con un nacionalismo costumbrista que añora los tiempos de las carretas, los bueyes, y los jíbaros, como quien recuerda su pasado de gran hacendado en una economía semifeudal.
Al cabo de 58 años, el ELA, una fórmula de relación política colonial con los Estados Unidos que permitió grandes logros y avances, al igual que produjo extraordinarios fracasos, es un modelo agotado e inservible con el cual no puede pretenderse enfrentar la presente crisis de Puerto Rico, los grandes retos existentes en la economía regional y global, ni los graves problemas que amenazan al mundo del que de una manera u otra formamos parte. Lo idóneo, acabar de enterrarlo, es sólo una de varias medidas a tomar.
El reto mayor, sea en la Independencia o en la Estadidad, será la reconstrucción de la sociedad de Puerto Rico, tanto en lo económico, como en sus niveles de calidad de vida, y de convivencia cívica y democrática. Para ello se requerirán vastos recursos económicos, pero sobre todo la voluntad de acción de la propia ciudadanía. Sencillamente es hora de asumir responsabilidad por las propias decisiones y actos.
En ese sentido, no vendría nada mal superar esa antigua y desagradable costumbre de la sociedad boricua de responsabilizar de sus errores y de sus problemas al otro, a un tercero, generalmente al "americano".
Notas:
1. La condición colonial de Puerto Rico surge del hecho, desde la perspectiva del estadoismo, de que los puertorriqueños, que son ciudadanos norteamericanos por virtud de la Ley Jones de 1917, no pueden participar en la elección del presidente ni tienen participación plena, con voz y voto en el Congreso de los Estados Unidos. Por otro lado, desde la perspectiva del independentismo, Puerto Rico carece de los poderes fundamentales de una nación constituída en su propio Estado soberano, ya que estos poderes permanecen bajo el poder del Congreso de los Estados Unidos. Desde ambas perspectivas ideológicas, el ELA no es sino una colonia, lo que viola derechos democráticos fundamentales a los puertorriqueños.
2. Palacio de Santa Catalina, tambien conocido con el nombre de la Fortaleza, y que se le asigna como residencia al gobernador de Puerto Rico.
3. Las siglas corresponden al Partido Popular Democrático y al Partido Nuevo Progresista. En cuanto al independentismo existen en Puerto Rico diferentes grupos y denominaciones, siendo el principal el Partido Independentista Puertorriqueño. Por otro lado, existen otras formaciones y grupos políticos de orientación principalmente socialista o marxista.
3. Las siglas corresponden al Partido Popular Democrático y al Partido Nuevo Progresista. En cuanto al independentismo existen en Puerto Rico diferentes grupos y denominaciones, siendo el principal el Partido Independentista Puertorriqueño. Por otro lado, existen otras formaciones y grupos políticos de orientación principalmente socialista o marxista.
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