viernes, 23 de noviembre de 2012

Comentarios en torno al “black hole” del status y el espacio “democrático radical” del profesor Carlos Pabón, por el profesorJaime Benson



(Incluyo a continuación un artículo, dirigido a mi atención para su publicación en el Quantum, por el amigo y profesor Jaime Benson, en torno a una nota al calce en un artículo publicado por mí recientemente , en la que recojo unos comentarios del también amigo y profesor Carlos Pabón, en torno a la problemática del estatus, y su impacto en la atención a otros problemas urgentes que afectan a la sociedad puertorriqueña. Eric Alvarez, autor y responsable del Quantum de la Cuneta.) 

Foto por Eric Alvarez © 2012. Todos los derechos reservados
Estimado Eric:

Ante la intensidad de mi atención al recién concluido evento  electoral plebiscitario, no tuve el tiempo y el espacio para reflexionar y reaccionar debidamente ante tu puntual análisis plebiscitario, el día previo al estratégico evento, titulado “ 3 millones de hispanos sin derecho al voto y la paradoja política de Estados Unidos y Puerto Rico . En el mismo señalas, acertadamente a mi entender, la urgencia de salir del impasse y el consiguiente estancamiento político, social económico que conlleva la continuidad de nuestra actual relación territorial-colonial con los Estados Unidos, y destacas lo injusto y antidemocrático que es perpetuar que a 3.6 millones de ciudadanos americanos se les nieguen los más elementales derechos políticos y sociales, tales como participar en la elección de las autoridades que le gobiernan,  tener la debida representación en las instancias gubernamentales que le rigen, y recibir trato igual en la asignación  de los recursos de la formación política de la que son parte. Es por ello que concluyes de nuevo, acertadamente a mi entender, y cito:
 Los puertorriqueños tienen la obligación ineludible de decidir, conscientes de que tras su decisión, no importa cual ésta sea, las tareas de saneamiento y reconstrucción de la sociedad puertorriqueña en los ámbitos económicos, sociales, culturales, y de convivencia democrática, habrán de tomar, posiblemente, cerca de 20 años antes de que se vean sus frutos. Sin embargo, esta es la única manera de finalizar el estancamiento histórico de Puerto Rico. El inadmisible estancamiento en el debate sobre su relación política con los Estados Unidos.
En el mismo escrito aludes a unos señalamientos sobre el tema  del profesor Carlos Pabón los cuales reproduces en una nota al calce, que a mi entender conllevan en algunas instancias una postura alternativa y distinta a la que postulas en tu ensayo, y que en lugar de contribuir a salir del impasse y estancamiento, sobre la dinámica y la discusión del status político, contribuyen a perpetuarlo. Veamos. A continuación reproduzco tu nota al calce con 
los señalamientos del profesor Pabón:
Mi postura no equivale a ignorar "la realidad de la cuestión del "status". Se trata de: (1) proponer que el status que deje de ser el "black hole" que se traga todo lo político y la política en PR; (2) reconocer que las elecciones generales no son plebiscitarias; (3) reconocer que el "status" define falsamente las diferencias "ideológicas" del país ("izquierda=independentista/soberanistas; "derecha"=estadistas"; "centro=ELA; y bloquea así otros posibles imaginarios alternos que no encajan en esta lógica; (4) que se puede articular un espacio político diferente al que define el status, un espacio transversal, que define lo político a partir de cuestiones sociales, económicas, y política y culturales que podemos llamar (por poner algún nombre) "progresista", de "izquierda", "alterno", "democrático-radical"; (5) que el llamado "voto útil" contribuye a bloquear esta posibilidad ya que se basa fundamentalmente en criterios "ideológicos" del "status"; (6) que el PPT, no empece las diferencias que tengo con este partido, abre una posibilidad para articular ese imaginario político "democrático-radical"; (6) que se puede y debe atender la cuestión del "status" de una forma que no sea lo fundamental ni lo que defina lo político y la política en PR; con discusiones y mecanismos que rompan la lógica tradicional de este asunto y que estén en correspondencia con los tiempos que corren.
Concuerdo con el profesor Pabón en que debemos esforzarnos para que el asunto del “status” deje de ser un “black hole” que se trague todo lo político y la política en Puerto Rico, y que muchos asuntos ideológicos y políticos de no poca monta (la opresión de las lesbianas y los homosexuales, de la mujer, de los inmigrantes, la fallida guerra contra las drogas ilegales, entre otros), transcienden este espinoso asunto. Quizás cuando el desgaste institucional de la actual relación territorial-colonial (hace unos 15 a 20 años atrás ) no era tan evidente y abrumador, y por ende, era relativamente más funcional tal posibilidad de superar el “black hole” del status político, y que se dirimieran muchos asuntos culturales y sociales más allá del mismo, propiciando inclusive alianzas sobre estos asuntos que agruparan estadistas, estadolibristas, soberanistas e independentistas.

Sin embargo, ante el evidente y abrumador desgaste institucional del ELA territorial y su correspondiente modelo de crecimiento económico en la actual coyuntura política, temo que lo anterior es extremadamente difícil, sino imposible, y que la única forma efectiva de superarlo de una vez y por todas, para poder evitar que el mentado “black hole” succione lo político y la política en el país,  es que cada cual  apoye e impulse acciones afirmativas para resolver el asunto del status político de forma transparente y democrática. En esa misma medida le restamos oxigeno al maldito “hoyo negro” del status, y podremos oxigenar un espacio alternativo para dilucidar otros asuntos de mayor importancia.

En la medida que se contribuya con esto a adelantar camino en la resolución transparente, justa y democrática de la cuestión colonial, en esa misma medida se crearán condiciones para la habilitación de espacios alternativos para la política y para lo político. Más aún, ya que la camisa de fuerza territorial-colonial agrava y dificulta sobremanera, la adecuada dilucidación de la amplitud de asuntos y problemáticas que van más allá del status político, tanto por la impotencia política resultante, como por la formación de tribus y bandos políticos en torno al endemoniado problema del status político, sólo si lo asumimos de frente y de forma innovadora en vías de resolverlo lo más pronto posible, podremos realmente experimentar avances significativos en tapar para siempre el desgraciado “black hole” que absorbe, y arropa, la política y lo político en Puerto Rico.   

A este respecto, entiendo que se dio un importante paso en la dirección indicada este pasado 6 de noviembre, a la luz de los claros resultados plebiscitarios. Pues, contrario al planteamiento de parte del profesor Pabón de que las elecciones generales no son plebiscitarias, las últimas dos jornadas electorales (2008 y 2012) irremediablemente lo han sido (me temo que las próximas también lo serán) y no solo por tácticas y estratagemas político-partidistas de conveniencia (las que sin duda han incidido en que así sea), sino, sobre todo, ante la clara y abrumadora realidad de la crisis institucional de fondo del sistema territorial-colonial que padecemos.

Abrumadora crisis que han tenido que asumir y reconocer los pasados tres incumbentes de Casa Blanca, y que los ha obligado a constituir el llamado “Task Force” de Casa Blanca, así como a rendir los correspondientes informes, con sus consiguientes recomendaciones, sobre como encaminar la solución del asunto. Es por ello que los principales partidos políticos locales se han visto forzados a asumir con mayor seriedad la cuestión del status, y elaborar sus respectivas propuestas especificas para resolverlo (Asamblea Constitucional de Status o Plebiscitos). Claro está, unos de forma más transparente, inclusiva y democrática que otros, pero no empece a ello, a asumirlo comoquiera.  

Ahora bien, es preciso puntualizar que desde la década del 40 del siglo pasado, el PPD, bajo el liderato de Luis Muñoz Marín, y luego bajo sus sucesores, han postulado de forma muy exitosa que las elecciones generales no son plebiscitarias, bajo el entendimiento, hasta cierto punto válido, que para atender lo relacionado al status existen mecanismos alternos (plebiscitos, asambleas constituyentes), y el entendimiento, menos válido, que los principales asuntos del país ( el desempleo, el crimen, la pobreza) se pueden atender y resolver adecuadamente sin necesidad de resolver el status político.  Es preciso reconocer que dicho argumento gozó de gran credibilidad y solvencia intelectual en la era de oro de la industrialización y modernización de Puerto Rico, y en etapas subsiguientes en que el ELA, y su modelo de crecimiento, fueron relativamente funcionales. Sin embargo, a la luz de la pasada década perdida, dicho argumento pierde fuerza y credibilidad, ante la inminente y profunda crisis del modelo político colonial.

El actual liderato del PPD postuló el mismo argumento, antes y durante la pasada contienda electoral, pero de forma evidentemente evasiva y defensiva. No empece a ello, ante la celebración de la consulta plebiscitaria el mismo día de las elecciones, se vieron obligados a participar del plebiscito defendiendo lo indefendible: la continuidad  de la actual condición política territorial. Por otro lado, la alta tasa de participación (75%) en el plebiscito, y los claros y contundentes resultados del mismo, tienden a evidenciar que, para un sector considerable de los electores, la afirmación de que las elecciones generales no son o no deben ser plebiscitarias, ha perdido su sentido, y por consiguiente, su poder de convocatoria.      

Por otro lado, es cierto que bajo los distintos posicionamientos en torno al status político (estadistas, independentistas, soberanistas y estadolibristas) coexisten una diversidad de posturas liberales, conservadoras y/o progresistas. Estas posturas se manifiestan ante los diversos asuntos sociales, culturales y económicos, más allá del status, en los respectivos bandos. No obstante lo anterior, a estas alturas es innegable que las distintas opciones de status implican unas consecuencias respecto a dos asuntos cardinales:
  1. El deterioro o debilitamiento, vis a vis la mejora o reforzamiento, del marco jurídico del actual Estado de derecho democrático liberal, y los consiguientes derechos ciudadanos;
  2. El  debilitamiento o eliminación, vis a vis el reforzamiento o expansión, de la importante red de seguridad social federal. Dos asuntos de no poca monta que el silenciarlos, y no asumirlos abiertamente, y de forma transparente, como hace el imperio mediático del Grupo Ferré Rangel, y la mayoría de los medios masivos de comunicación locales, esconde una agenda política anti-democrática, reaccionaria y neo-liberal.
Me consta que el profesor Pabón, no participa ni endosa dicha agenda política conservadora. Sin embargo, el que evidentemente subestime u obvie estas consideraciones no triviales, en lo que respecta al dilema del status político, y la consiguiente urgencia de resolverlo a la mayor brevedad, en vías de propiciar un resultado lo más favorable posible en esos dos frentes, no contribuye a su objetivo de crear un espacio político alternativo de orientación “progresista”.   

Puedo entender las empatías del profesor Pabón, pues las comparto, respecto a las posturas del PPT en la pasada campaña electoral en lo concerniente a dos asuntos: la legalización de la marihuana y su clara condena de la homofobia.

Sin embargo, no comparto su criterio de que el PPT “abre una posibilidad para articular ese imaginario político “democrático-radical (o progresista)”,  a la luz de las consabidas acciones autoritarias y claramente anti-democráticas de sus principales lideres en la APPU, en los cierres forzosos y violentos de la universidad, así como de su clara complicidad con regímenes dictatoriales militares en Cuba y Venezuela.  

En fin, para enterrar para siempre el asfixiante y paralizante “black hole”  del status que se traga lo político y la política  en Puerto Rico, urge que todos contribuyamos dentro lo posible a su pronta resolución, pues de lo contrario estaríamos contribuyendo a perpetuar su existencia. 

lunes, 5 de noviembre de 2012

3 millones de hispanos sin derecho al voto y la paradoja política de Estados Unidos y Puerto Rico



Cuando el próximo 6 de noviembre los ciudadanos de los Estados Unidos tengan la oportunidad de votar por el Presidente, habrán unos 3 millones (3,690,923) de ciudadanos hispanos a los cuales les estará expresamente prohibido participar en ese proceso electoral. Una paradoja cruel si se toma en cuenta que los Estados Unidos adoptaron la Democracia y la Libertad como principios rectores de la nación, en su Declaración de Independencia de 1776, y en su Constitución, aprobada en 1787

Mientras a estos ciudadanos les es vedada la participación en este evento esencial del sistema democrático, el voto de 24.7 millones de hispanos (un 11 por ciento de la totalidad de electores inscritos) puede ser decisivo en el resultado final de estas elecciones, como lo fue en las anteriores, cuando Barack Obama fue electo presidente. Tan reciente como el pasado 18 de octubre, en un reportaje publicado en el New York Times por Adam Nagourney y Fernanda Santos, se describieron los esfuerzos por la captación del voto hispano en los estados de Colorado, Florida y Nevada. 

Concretamente, los ciudadanos americanos de origen nacional puertorriqueño, o de cualquier otro origen nacional o étnico, que residan en Puerto Rico, no tienen derecho a votar para elegir al presidente, ni a tener representación en el Congreso proporcional a la población de la Isla.

Es paradójica la situación de los ciudadanos residentes en Puerto Rico dado el hecho de que, tras la Isla ser adquirida de España en 1898 por los Estados Unidos, con la aprobación en 1917 de la Ley Jones le fue “concedida” a todas las personas nacidas en la Isla la ciudadanía americana. 

Es decir, la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños fue impuesta por los propios Estados Unidos. Por otro lado, y para añadir elementos a este juego de paradojas, con el paso del tiempo, no solo fue aceptada por los puertorriqueños, sino protegida como elemento fundamental de su relación política con esa nación.

Faro en el Castillo San Felipe del Morro construido
por el Ejército de Estados Unidos (Foto por Eric Alvarez) 
Los historiadores han señalado que la Ley Jones fue aprobada con miras a poder reclutar a los puertorriqueños en las fuerzas militares de los Estados Unidos. La evidencia apunta a que están en lo correcto. Desde el 1917 más de 200,000 ciudadanos norteamericanos de Puerto Rico han servido en todas las guerras en las cuales los Estados Unidos se han involucrado, de conformidad con datos provistos por la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés)


Lo cierto es que la paradoja de la negación del derecho al voto a los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico surge del hecho de que la Isla es una colonia, un territorio bajo la jurisdicción del Congreso de los Estados Unidos, y por ende, no le son reconocidos los mismos derechos que a un estado de la Unión, aunque le son aplicables la mayoría —si no todas— las leyes aprobadas por ese cuerpo.

Tras 114 años de sujeción al Congreso norteamericano, el resultado concreto es que las instituciones políticas y administrativas en Puerto Rico siguen el modelo estadounidense; la economía está estrechamente vinculada a la de la metrópolis; el gobierno local depende sustancialmente de la inyección de transferencias del presupuesto federal; y toda la estructura de asistencia a la población, incluyendo el seguro social, está montada sobre las agencias federales.

Sería mezquino no reconocer que la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, aun a pesar de su carácter colonial, le permitió alcanzar unos niveles importantes de crecimiento económico y de modernización durante el siglo 20, mayores a los obtenidos por sus vecinos en Suramérica y el Caribe.

Sin embargo, el modelo económico que permitió esos avances, basado en exenciones contributivas, dispuestas tanto por el Código de Rentas Internas federal como por leyes locales, comenzó a hacer crisis de los años ’70 en adelante.

En la actualidad Puerto Rico sufre una seria crisis económica y presupuestaria producto, en gran medida, de la negativa a reducir gradualmente el tamaño del aparato gubernamental, y la falta de iniciativas concretas dirigidas a la adopción de un nuevo modelo económico, por parte de las administraciones del 2000 al 2008, de los gobernadores Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, ambos por el Partido Popular Democrático (PPD, propulsor de la permanencia de la presente relación colonial).

Esta crisis se agrava como producto de que los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico no pueden participar efectivamente en la toma de las decisiones que les afectan, y no tienen acceso, en igualdad de condiciones a las del resto de los ciudadanos norteamericanos, a los beneficios y obligaciones de ser parte de la federación. No se vislumbra que la economía logre tomar un rumbo sólido y definitivo, a pesar de los esfuerzos realizados por la presente administración del gobernador Luis Fortuño (PNP, propulsor de la integración política de Puerto Rico a los Estados Unidos),  debido al impacto que tendrán los próximos recortes en las asignaciones del presupuesto federal, estimados en 500 millones de dólares, los cuales serían menores si la Isla fuera un estado.

Al respecto, resultan de interés los datos ofrecidos por el profesor universitario Jaime Benson sobre el positivo impacto económico de la Estadidad para Puerto Rico. En un artículo publicado en el periódico El Vocero, el Profesor Benson señala importantes renglones sociales y económicos que serían favorecidos de la Isla ser un estado, e invita a rechazar el presente estatus colonial, así como a respaldar la Estadidad como solución definitiva a este dilema histórico entre Puerto Rico y los Estados Unidos.

El gobierno de Puerto Rico ha pautado para el próximo 6 de noviembre la celebración de una “Consulta de Estatus”, conjuntamente con las elecciones generales que se llevan a cabo para escoger su Gobernador, su Comisionado ante el Congreso (un representante sin derecho a voto y de limitado peso político) y los legisladores locales.

La “consulta” fue diseñada tomando en cuenta el Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico , dado a conocer por la administración del presidente Barack Obama en marzo de 2011. 


Esta última opción implica por necesidad jurídica, aunque muy pocos hayan hablado de ello en Puerto Rico, el traspaso de la soberanía política del Congreso a la Isla, es decir su constitución previa en república independiente, y la eventual adopción de un acuerdo de relación con los Estados Unidos, cuyos contornos realmente nadie tiene claros.

Por otro lado, analistas y comentaristas de la política isleña entienden que las dificultades jurídicas para su implantación terminarán manteniendo vigente el actual sistema colonial. Con ello en mente, individuos que no creen en dar fin a la presente relación colonial y territorial, y con agendas políticas dirigidas a su posicionamiento para futuras posiciones de poder en el PPD, se han expresado, recientemente, y prácticamente a horas de la consulta, a favor del llamado “Estado Libre Asociado Soberano”.

Los puertorriqueños tienen la obligación ineludible de decidir, conscientes de que tras su decisión, no importa cual ésta sea, las tareas de saneamiento y reconstrucción de la sociedad puertorriqueña en los ámbitos económicos, sociales, culturales, y de convivencia democrática, habrán de tomar, posiblemente, cerca de 20 años antes de que se vean sus frutos. Sin embargo, esta es la única manera de finalizar el estancamiento histórico de Puerto Rico. El inadmisible estancamiento en el debate sobre su relación política con los Estados Unidos.

Estancamiento que —de manera paradójica de nuevo— ha sido mantenido por los propios puertorriqueños y por la renuencia de los Estados Unidos a resolver definitivamente este asunto. El profesor universitario Carlos Pabón criticó los efectos de esta patética dinámica destacando el hecho de que, mientras la discusión política sigue determinada por la dilucidación de la condición colonial, las formaciones políticas no proponen alternativas viables a los problemas concretos de la sociedad, y la política misma se centra casi de manera exclusiva en este asunto. (1) 

En el contexto de todo lo expuesto hasta aquí, Estados Unidos tiene el reto de actuar y dar fin a la “última colonia del mundo”. Es hora de que Puerto Rico y los Estados Unidos culminen, de una vez por todas, el juego circular de las paradojas, y se permita que en un futuro cercano los 3 millones de ciudadanos americanos, nacidos y residentes en Puerto Rico, en su abrumadora mayoría hispanos, junto a todos aquellos ciudadanos que habitan la Isla, puedan participar democráticamente en la elección de sus gobernantes a nivel federal, y recibir, en igualdad de condiciones y responsabilidades, los beneficios concomitantes a su ciudadanía. Tal solución implica necesariamente la aceptación de Puerto Rico como estado de la Unión. En caso contrario, entonces cada parte debe tomar su propio camino, y adoptar los acuerdos de colaboración que sean pertinentes desde la Independencia plena de Puerto Rico.

Lo absurdo, el fracaso histórico, sería que los puertorriqueños voten en la consulta, a todos los fines prácticos, y para beneplácito de determinados poderes en la metrópolis, y en la propia Isla, por mantener el presente y circular lodazal que no conduce a ningún otro sitio, sino a la permanencia y empeoramiento de las mismas condiciones actuales, y al fracaso de la política internacional de los Estados Unidos en una zona de importancia estratégica como lo es la cuenca del Caribe. Con el triste agravante de que no sería la primera vez, y en este caso, a costa del bienestar y el futuro de una sociedad sumida en una desesperante crisis.

Nota:

(1) En un comentario a su propio artículo el profesor Carlos Pabón señala:
Un par de aclaraciones ante varios comentarios: Mi postura no equivale a ignorar "la realidad de la cuestión del "status". Se trata de: (1) proponer que el status que deje de ser el "black hole" que se traga todo lo político y la política en PR; (2) reconocer que las elecciones generles no son plebiscitarias; (3) reconocer que el "staus" define falsamente las diferencias "ideológicas" del país ("izquierda=independentista/soberanistas; "derecha"=estadistas"; "centro=ELA; y bloquea así otos posibles imaginarios alternos que no encajan en esta lógica; (4) que se puede articular un espacio político diferente al que define el status, un espacio transversal, que define lo político a partir de cuestiones sociales, económicas, y política y culturales que podemos llamar (por poner algún nombre) "progresista", de "izquierda", "alterno", "democrático-radical"; (5) que el llamdo "voto útil" contribuye a bloquear esta posibildad ya que se basa fundamentalmente en criterios "ideológicos" del "status"; (6) que el PPT, no empece las diferencias que tengo con este partido, abre una posiblidad para articular ese imaginario político "democrático-radical"; (6) que se puede y debe atender la cuestión del "status" de una forma que no sea lo fundamental ni lo que defina lo polítco y la política en PR; con discusiones y mecanismos que rompan la lógica tradicional de este asunto y que estén en correspondencia con los tiempos que corren.