domingo, 8 de enero de 2012

La criminalidad y el derecho a vivir en paz: comentarios a artículo del Juez Federal José A. Fusté


Las preocupaciones del juez presidente de la corte federal de distrito para el distrito de Puerto Rico, José A. Fusté, respecto a la violencia y la criminalidad en esta Isla, hacen evidente que la situación está fuera de control, y que urge una concertación por parte de todas las instituciones sociales, y los organismos de gobierno, capaz de producir un esfuerzo efectivo para enfrentar este complejo y enorme problema.

Es por lo anterior que he deseado enlazar aquí con el aldabonazo del Juez Fusté, publicado en El Nuevo Día del 7 de enero de 2012. Por otro lado, deseo comentar algunas inquietudes que despiertan en mí parte de los señalamientos de Fusté.
Se trata de un planteamiento de unas implicaciones profundas y sumamente serias en cuanto al sistema de justicia en Puerto Rico, y el rol del poder político en la reproducción de la actividad criminal en la Isla.

Todos lo sabemos. Las redes de la criminalidad y la corrupción han llegado a niveles que todos conocen, todos comentan por lo bajo, y nadie expone directamente por las represalias que pueden ir desde el ostracismo hasta la pérdida de la vida. Los comentarios son diversos: abogados “criminalistas” que cobran altas sumas porque incluyen una supuesta partida para el juez a cargo del caso; abogados que funcionan como empleados a sueldo de los grupos de narcotraficantes; y la consabida corrupción de los cuerpos policíacos.

Pero el comentario de Fusté es más amplio y apunta a la corrupción y los vínculos de las redes criminales con el “poder político” que nomina y confirma a los jueces. Implícito en su planteamiento está el hecho de que quienes controlan los procesos de designación de jueces en Puerto Rico están altamente contaminados por la corrupción criminal.

Por otro lado, señalar, como lo han hecho algunas personas, que Fusté pretende engañar a los ciudadanos al pedirles que colaboren en la lucha contra la criminalidad, no sólo porque éstos pondrían en riesgo sus vidas, sino porque quien tiene la responsabilidad de llevar a cabo esa tarea, y llegar hasta los “pejes gordos” —me parece tan simplista la frasecita—, es el gobierno.

Es sencillo. Bajo esa lógica, cuajada posiblemente saboreando copas de scoth, o de vino tinto —“hay una buena cosecha australiana…”— en las alturas borinqueñas, la mujer maltratada no debe denunciar al esposo agresor, o la menor violada no debe delatar al padre incestuoso, ni los chicos de la barra debieron dar la descripción del individuo que invitó a su vehículo al joven homosexual, Jorge Steven López, para luego asesinarlo y decapitarlo. La debilidad de tales posiciones que invitan a la no colaboración es evidente, y constituyen, cuando menos, una distorsión del artículo de Fusté, así como un desatino respecto a lo que debe ser el objetivo común de los ciudadanos de Puerto Rico en estos momentos aciagos. Lo que me trae, nuevamente, al tópico de la concertación.

Cuando en Euskadi (el País Vasco en España) aumentaron las acciones terroristas de los comandos de Euskadi Ta Askatasuna (ETA, “tierra vasca y libertad”), toda la sociedad española, incluyendo la mayoría de la ciudadanía vasca, se lanzó a las calles, levantó sus voces a través de los medios de comunicación, y presionó a los funcionarios de gobierno. 

Este accionar de las fuerzas de la sociedad, conjuntamente con gestiones políticas concretas por parte del gobierno de España, produjo el que la ETA abandonara el terrorismo definitivamente como medio de acción política. El abierto rechazo popular al terrorismo de la ETA fue esencial para la posición adoptada por esa organización y el éxito de las medidas tomadas a nivel gubernamental.

En Puerto Rico queda mucho por andar antes de que se pueda lograr una verdadera concertación de la sociedad, habida cuenta de sus divisiones fanáticas. A ello se une el hecho de la corrupción y de la putrefacción que está presente en las instituciones de gobierno, sin negar con ello los esfuerzos de un grupo reducido y dedicado de funcionarios dirigidos a dar al traste con esa realidad.

Por otro lado, Puerto Rico, desde la época colonial española, es melaza y contrabando. Ahora, narcotráfico. Y en el medio de todo, la glorificación de la violencia —Maelo asegura que le dará un puño a su mujer y René se agarra los testículos(1)—, la exaltación del gueto como fundamento de identidad, y medio para la manifestación del rechazo al yanqui, a lo extranjero. Puerto Rico es ¡Songo! ¡Songorocosongo! ¡Tucututratucutrá, tucututratucutrá!

No obstante todo lo anterior, la gravedad de la situación debería mover la sensibilidad del pueblo, por un lado, y del liderato de las instituciones de toda índole en la Isla, por el otro, para comenzar a remar en una sóla dirección ante el enorme y complicado problema de la criminalidad y la violencia. De lo contrario, se dejará a las generaciones futuras una sociedad en donde imperará la violencia, y la cual carecerá de una estructura de ley y orden que defienda los derechos de cada uno, particularmente el derecho a vivir en paz.

Notas:
1. Ismael Rivera, “el sonero mayor”, destacado cantante de “salsa” de mediados del siglo pasado hasta fines de los años ’80, y René Pérez, la figura central del dúo de “música urbana”, Calle 13.

2 comentarios :

OPR dijo...

Eric, un fraternal saludo. El domingo pasado critique esa columna del Juez Fuste porque me parece que en el entre lineas hay unos mensajes muy peligrosos. Decir que los abogados de lo criminal controlan los calendarios de los tribunales es irresponsable. decir que los jueces nuestros son vagos es una canallada. Tanto tu como yo sabemos que la sala del Juez Fuste es una de jurisdiccion limitada, que él tiene no menos de 2 oficiales jurídicos y una carga de casos insignificativas respecto a las salas nuestras. Nosotros no producimos drogas ni armas. La responsabilidad de guardar fronteras es de los federales. Por tanto, lanzar sobre la judicatura nuestra toda la culpa sobre la ola criminal es poco serio. Los jueces resuelven casos y controversias. Quien acusa el el fiscal y quien investiga es la policia.No hay una linea en su columana que ponga algun grado de responsabilidad sobre los hombros de los federales. Lo que pretende el Juez Fuste es que se elimine el derecho a la fianza y cuidado si no la pena de muerte. Insistir en que se enmienden las reglas me parece algo simplista. Qué reglas son para él aceptables ?

Eric Alvarez dijo...

OPR, un abrazo y felicidades en el nuevo año. De mi parte, entiendo y aprecio —con todo respeto— tus valiosas observaciones. Gracias por compartir aquí tus señalamientos.